Coincidiendo con el 50 aniversario, el pasado mes de septiembre, de los fusilamientos de los miembros de ETA Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi Etxeberria, junto a tres miembros del FRAP, el Gobierno español ha dado respuesta a una reivindicación histórica de su familia canalizada este año. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha declarado “ilegales e ilegítimos” los consejos de guerra que condenaron a muerte a Txiki y Otaegi, los últimos fusilados del franquismo.
De esta manera, se da respuesta a una vía emprendida por las familias Paredes y Otaegi. En concreto, las familias de ambos condenados formularon el 14 de enero la solicitud para que fueron declarados “ilegales e ilegítimos los tribunales que juzgaron y sentenciaron” a ambos y, al mismo tiempo, “nulas” las respectivas condenas dictadas, reclamando así que se expidiera, “de forma individual y en su favor la declaración de reconocimiento y reparación personal”, tal y como detalló su abogado en un comunicado.
El documento recoge la “concurrencia de intimidación e indefensión en su proceso”
Esto es precisamente lo que el pasado 25 de noviembre hizo el Departamento que dirige Ángel Víctor Torres, quien firmó los dos documentos de reparación “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura”.
Además, reconoce que fueron “vulneradas” las “más elementales exigencias a un juicio justo, así como la concurrencia de intimidación e indefensión en su proceso”. Es por todo ello que el Gobierno “reconoce y declara la ilegalidad y la ilegitimidad del Consejo de Guerra” que los juzgó y, al mismo tiempo, “declara ilegítima y nula, por vicios de forma y fondo, la condena y resolución que dictó y tuvo consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista”.
Tras este reconocimiento, ambas familias han asegurado estar “reconfortadas” y mostraron su agradecimiento “a quienes han posibilitado tal reparación personal y el reconocimiento institucional y la reparación moral”.
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Las familias han agradecido la gestión de la Delegación del Gobierno en Euskadi, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de sus equipos de atención a víctimas, así como el apoyo previo del Gobierno Vasco y, en el caso de Txiki, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
