El gran espía Nick Rivers (Val Kilmer) ha llegado a Berlín Oriental para contactar con el agente Cedric (Omar Sharif), quien ha recibido instrucciones muy claras sobre cuál debe ser su proceder: “Diríjase al restaurante Al pan, pan y al vino vino, calle Lenin, antes Hitler”. ¡Ultrasecreto! (1984) no deja de ser una gran parodia, pero con un poso de realidad.
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El nomenclátor de las calles cambia al son de los vientos políticos. En la España de Franco no había ciudad sin su avenida del Generalísimo, las banderas del pollo ondeaban en todos los edificios públicos y el yugo y las flechas decoraban infinidad de inmuebles. El dictador murió hace 50 años y, sin embargo, algunos vestigios del franquismo todavía perduran.
Una comisión de expertos evaluará los símbolos para proceder a retirarlos o reasignarlos.
El Gobierno ha elaborado un decreto para acabar con los residuos del franquismo a través de la “confección de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. A principios de noviembre, el Ejecutivo solicitó un informe urgente al Consejo de Estado, que ahora ha emitido un dictamen dando su aval a esta normativa.
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En consecuencia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha puesto las pilas para que ese catálogo esté listo lo antes posible. Esta misma semana ha creado una comisión técnica cuya labor consistirá en “la identificación, contextualización y propuesta de retirada o resignificación de elementos contrarios a la Memoria Democrática”.
La comisión está compuesta por ocho expertos en Historia Contemporánea, del Arte, Arquitectura y Ciencias Políticas. Dos especialistas en conservación y restauración del patrimonio cultural, dos representantes de las autonomías y otro de los municipios. Los miembros de la comisión, cuyo mandato durará dos años, “no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones”.
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Lo que el decreto pretende es que “los símbolos públicos sean un punto de encuentro entre los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio”. Para ello, se propone retirar entre otras cosas “edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos a situados en la vía pública en los que se realizan menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura”.
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“La idea es que las autonomías, los ayuntamientos y las personas que se sientan agraviadas facilitan la información de estos elementos con una fotografía e indicando su ubicación exacta para ir elaborando el catálogo, que siempre permanecerá abierto para que se puedan incluir nuevos símbolos si es necesario”, señalan fuentes de Política Territorial.
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El Gobierno quiere que con este catálogo desaparezcan los nombres vinculados al franquismo de calles y plazas e incluso de algunos pueblos como Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Que se eliminaron también el escudo del águila, las cruces, monolitos, monumentos dedicados a los caídos… y que el yugo y las flechas que decoraron los pisos del Instituto Nacional de la Vivienda entonen un adiós definitivo.
