El Gobierno está buscando cómo alinear las posiciones antagónicas de Junts y de los grupos de la izquierda para sacar adelante la que parece otra misión imposible, al menos de partida: intentar reflotar todo el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios.
“Hay que pulsar el sentir de los grupos, y veremos, en función de esa cuestión, cuáles son las posibilidades que tenemos”, afirmó Montero en una entrevista en la Ser. “El diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos”, confió.
Montero, en todo caso, no aclaró si el Gobierno volverá a trocear este decreto para salvar el escudo social, desgajando la moratoria antidesahucios como pide Junts, igual que hizo para poder ver aprobada la revalorización de las pensiones. “Meditaremos, reflexionaremos al interior del Gobierno, a ver cómo se componen esas aritméticas parlamentarias, para intentar impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban, que absolutamente todas son necesarias”, defendió.
Las entidades sociales y los sindicatos alertan de que se pueden reactivar hasta 70.000 desahucios en España
Con la derogación de la moratoria antidesahucios, la única solución para las familias vulnerables afectadas por el impago del alquiler vuelve a quedar en manos de la capacidad de las comunidades autónomas de ofrecerles una alternativa habitacional. Los grupos de la izquierda, los sindicatos y las entidades sociales estiman que la caída del escudo social se reactivará hasta 70.000 desahucios en España. “Es una vergüenza”, clamó ayer el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.
Y Montero insistió en girar el foco hacia el PP: “Tendrá que explicar por qué piensa que intentar reproducir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante claramente beneficiosas para la gente”.
En el Gobierno lamentan que desde Junts “no han querido hablar, no han querido sentarse”, después de que los postconvergentes sumaran sus votos al PP y Vox para tumbar este jueves, otra vez, el escudo social.
Los socialistas critican que es una “excusa”, pero Junts insistió en rechazar todo el paquete al vincular la moratoria antidesahucios contenida en el decreto derogado con la ocupación de viviendas. Los “guiños” con los que el Ejecutivo trató de convencer a los de Carles Puigdemont –la rebaja de la prórroga, pactada con el PNV, para excluir a los pequeños propietarios, y la agilización de los pagos a los caseros perjudicados– cayeron en saco roto. “Ni por esas”, lamentan.
La propia portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ofreció al Ejecutivo la solución, como ya ocurrió cuando en el decreto ómnibus original estaba incluida la revalorización de las pensiones, que finalmente se desgajó para poder ser convalidada: “Escudo social sí, okupaciones no”. Es decir, bastaría con que el Gobierno volviera a llevar al Congreso todo el decreto social, pero excluida la moratoria antidesahucios, para que JxCat votara un favor y quedara convalidado.
“La izquierda no ve sacar los desahucios”, alegan en el Ejecutivo, no obstante, en referencia a grupos como ERC, EH Bildu, Podemos o el BNG. “No quieren que del decreto del escudo social se separe nada”, se asume, porque entienden que así sería imposible aprobar la prórroga de las medidas antidesahucios.
Este es el nuevo sudoku que el Ejecutivo tiene ahora entre manos. Y, pese a la complejidad de la solución, si es que la hay, asegura que no se rinde. “Este Gobierno es inasequible al desaliento”, afirmó ayer la vicepresidenta María Jesús Montero. Y, por tanto, ya está explorando las posibles alternativas.
