El Gobierno informó este martes que el Hospital Garrahan impulsará el desafuero de 10 gremialistas que habrían participado en la toma de las oficinas de la dirección del centro de salud a fines de octubre de 2025, cuando reclamaban por el pago de días no trabajados, con el objetivo de avanza con su despido.
La decisión de desaforar a los trabajadores la dio a conocer Manuel Adorni a través de un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que el centro de salud solicitado “el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidostras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025″. Además, indicó que “otras 29 personas” también “recibirán sanciones”.
La toma de las oficinas de la dirección del centro asistencial, ocurrida el 31 de diciembre de 2025, se había dado a modo de protesta contra los descuentos salariales por las jornadas de paro en el marco de los reclamos por el financiamiento del hospital.
Fuentes del ministerio de Salud informan a Clarín que en total se dispuso la cesantía de 11 personas, 10 de ellos delegados sindicales. Norma Lezanadirigente de APyT y Alejandro Lipcovichdirigente de ATE estarían entre los afectados por la medida.
El empleado cesanteado restante no es delegado gremial, por lo que podría ser desvinculado en forma inmediataa una vez que haya finalizado el proceso administrativo.
El que las hace, las paga.
El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de…
—Manuel Adorni (@madorni) 3 de febrero de 2026
Según sostuvieron desde la cartera de Lugones, las cesantías “responde a la gravedad de los actos” de las personas que organizaron la toma.
Además, indicaron que el resto de los sumariados “recibirán sanciones menores de acuerdo con la gravedad de las conductas evaluadas”.
En ese sentido, apuntaron que “11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber Diseñado, dirigido y efectuado la toma.en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto”.
En el caso de los delegados gremiales la decisión no sería de ejecución inmediata, ya que la Justicia debe expedirse previamente sobre el levantamiento de la tutela gremial. “Si la justicia no entiende la gravedad de los hechos, no se puede sancionar a los violentos”, apuntaron desde Salud.
Poco después de conocerse la noticia, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan sostuvieron haber recibido amenazas y persecución por parte de Mariano Pirozzo, el interventor designado por el ministro de Salud, Mario Lugones.
A través de un comunicado, la agrupación sindical denunció que Pirozzo les envió una nota en la que prohibía la realización de un “Cabildo Abierto Nacional” -una asamblea de la que participarían organizaciones de la salud, familiares de pacientes y colectivos de derechos humanos entre otros-, y amenazaba con “descuentos” a los trabajadores que participanen del evento.
En la nota enviada a los sindicatos, el Gobierno informaba que el desarrollo de actividades en los ingresos al hospital “puede perturbar el funcionamiento normal de la instituciónentorpeciendo el ingreso del personal que no sea partícipe, así como el de pacientes”.
Además, planteaba una serie de requisitos en caso de que las reuniones se hiciesen en un espacio público, entre ellos la realización de una evaluación de impacto acústico, un seguro por daños, el pago de servicio de limpieza, la provisión de energía y que no se obstruyan los accesos al centro de salud. “A su vez, aquellos agentes que tengan ausente injustificado no percibirán el pago de los conceptos ‘Recupero de costos’ y ‘Recupero de costos excedente’“, destacó el comunicado.
Desde la agrupación sindical anunciaron que denunciarán al interventor “por prácticas antisindicales y persecutorias”. “Este señor evidentemente quiere debilitar la organización gremial de los trabajadores del Garrahan para naturalizar los desmanejos que está llevando adelante y respecto de los cuales estamos reuniendo pruebas para accionar”, sostuvo Norma Lezana, Secretaria General de la APyT.
Poco después de conocerse la noticia, el Hospital Garrahan emitió un comunicado en el que definieron la toma de las oficinas como “irresponsable”, “desmedida” y como hechos inadmisibles que “representan una falta grave sin precedentes”.
“La toma no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina. Implicó poner en riesgo el funcionamiento del hospital, reteniendo y agrediendo verbalmente al personal que estaba desempeñando tareas críticas en el área y desoyendo el pedido de la seguridad y la policía de abandonar el lugar”, sostiene el texto que fue publicado en la cuenta de X de la institución.
— Hospital Garrahan (@HospGarrahan) 3 de febrero de 2026
“No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales”, cierra la comunicación.
