Las sanciones económicas oscilarán entre los $70.000 millones para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y unos $20.000 millones para el gremio ferroviario La Fraternidad.debido a que ambas organizaciones se plegaron a la protesta impulsada por la central obrera.
En un primer momento, dentro del Gobierno se había analizado avanzar con la quita de la personería gremialuna de las sanciones más severas previstas para los sindicatos. Sin embargo, la administración libertaria redefinió la estrategia y optó por imponer multas monetariastras considerar que los gremios incumplieron la conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales.
Los argumentos del Gobierno
“Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley”, sostuvieron a Noticias Argentinas al explicar la decisión oficial.
La medida se tomó luego de que UTA y La Fraternidad vulneraron el procedimiento de conciliación laboral obligatoria. En el caso del gremio de los colectivos, la disposición había sido dictada el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 del mismo mesmientras que para el sindicato ferroviario la conciliación estaba vigente desde el 4 de febrero hasta la misma fecha.
En la Casa Rosada aseguran que las multas constituyen una advertencia para los sindicatos. A la espera de que se efectúen los pagos, en el Gobierno sostienen que se trata de “una nueva oportunidad” para los gremios.
No obstante, desde la administración libertaria advierten que si las organizaciones sindicales deciden desconocer o no pagar las sanciones económicasvolverán a evaluar la aplicación de la pena máxima: la quita de la personería gremial.
La respuesta de los sindicatos: “Es una sanción política”
Ante el anuncio de los sumarios ocurridos días atrás, desde la UTA se defendieron: “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó Mario Caligari, Secretario de Prensa del Gremio.
Caligari afirma que no incumplieron la conciliación obligatoria porque el paro general no tenía vinculación con el conflicto salarial por el cual la Secretaría de Trabajo había dictado esa medida. Además, argumenta, la medida de fuerza fue convocada por la CGT, no por la UTA, quién solo adhirió. tranquilo, Caligari descarta que los sumarios puedan avanzar. Estarían flojos de papeles, piensa.
Queda por ver si estos conflictos se agudizarán cuando el presidente Javier Milei promulgue la reforma laboral. En los cambios que introducen en la legislación, se encuentra una limitación del ejercicio de huelga, que para algunos sectores sólo podría para el 25% de una actividad. Este punto, en particular, es uno de los cuales la CGT aspira a bloquear en la Justicia, porque lo considera “inconstitucional”. Todavía los tribunales no se expidieron al respecto.
