La«movilización masiva» de vivienda pública prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía ha chocado de bruces con la realidad administrativa. A pesar de los grandes anuncios que cifraban en millas los inmuebles de la Sociedad de Gestión de … Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que pasarían a engrosar el parque público, la ejecución inmediata será testimonial.
Según ha confirmado la nueva entidad estatal encargada de la gestión, denominada Casa 47, la previsión del Ejecutivo es desbloquear «en torno a 200 viviendas» en la comunidad autónoma a lo largo de este año, concretamente a partir del segundo semestre.
Esta cifra supone apenas un 3,4% de las aproximadamente 5.800 viviendas Procedentes de la Sareb que el Gobierno asegura que se movilizará en la región en los próximos años.
El contraste entre el marketing político de la Moncloa y la gestión técnica revela un arranque al ralentí: mientras la crisis habitacional asfixia a capitales como Málaga o Sevilla hoy, la respuesta del Estado se fía a un calendario que no empezará a dar frutos tangibles hasta bien entrado 2026, y lo hará con cuentagotas mediante ofertas trimestrales.
Un sorteo para la «clase media y trabajadora»
Para el proceso de adjudicación de las viviendas, la entidad estatal Casa 47 ha establecido un sistema de asignación mediante sorteo ante notario entre todos los solicitantes inscritos que cumplan con las condiciones estipuladas. Según explican desde el nuevo organismo, el objetivo es consolidar «un servicio publico para la mayoría», orientando esta oferta de alquiler asequible al conjunto de la clase media y trabajador.
Podrán optar a estos alquileres unidades de convivencia con ingresos de hasta 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Esto sitúa el techo de ingresos muy por encima de los umbrales de exclusión, diluyendo el carácter asistencial de la vivienda publica en favor de un enfoque más amplio pero menos sensato con quienes peor lo pasan.
el precio de estos alquileres «asequibles» no se fijará en base a los costos de construcción, sino tomando como referencia el 30% de los ingresos del municipio, aplicando posteriormente factores de corrección para situarlos por debajo del precio de mercado. Los contratos tendrán una duración inicial blindada de 14 añoscon prórrogas que podrían extender la estancia hasta los 75 años.
Además, la financiación del mantenimiento del parque nace hipotecada por los propios usuarios. Aunque Casa 47 asegura que recibirá las viviendas de la Sareb «en condiciones de habitabilidad» y libres de cargas u ocupantes ilegales, también aclara que «las rentas mensuales de alquiler se utilizarán para el mantenimiento, consolidación y ampliación del parque».
Es decir, serán las cuotas de los inquilinos las que sustentan financieramente las futuras reparaciones y la propia sostenibilidad de la entidad, que solo usará fondos propios procedentes del Estado cuando sea estrictamente necesario realizar adecuaciones previas.
Burocracia a dos velocidades
En el ámbito local, el Gobierno central ha aprovechado la presentación de sus aviones para trasladar la presión urbanística al Ayuntamiento de Málaga. Respecto a la actuación de Buenavista, que contempla 1.362 viviendas, Casa 47 ha señalado que licitarán las obras «tan pronto el ayuntamiento Delaware el visto bueno definitivo al proyecto de urbanización remitido».
Una exigencia de celeridad que contrasta con los propios plazos del ente estatal, que aún no dispone ni siquiera de la plataformas digitales paraca gestionar las solicitudes. Según lo admita desde la entidad, el nuevo portal para el acceso y gestión de las viviendas se activará «a lo largo de 2026», confirmando que la infraestructura burocrática aún está en construccion.
Desde la Junta aseguran desconocer por completo tanto el cronograma de 2026 como la «letras pequeñas» de este plan hasta la publicación de estos datos. Fuentes de la formación denuncian que el Gobierno central no ha contado con ellos en ninguna fase del proceso, imponiendo un «apagón informativo» sobre los plazos reales y los detalles técnicos de la operación.
«Una vez más, nos enteramos por la prensa de decisiones que afectan directamente a nuestros territorios», lamentan, criticando que esta forma de actuar de manera unilateral e independiente es ya el modus operandi habitual del Ejecutivo de Sánchez.
Pero la crítica va más allá de las formas. Para el Gobierno andaluz, la creación de Casa 47 es «la prueba palpable» de que el Gobierno llega tarde y busca «maquillar el fracaso» de sus promesas incumplidas, como las 183.000 viviendas anunciadas hace tres años. califican de oferta «insignificante» la previsión de 200 viviendas para finales de 2026.
Además de Málaga, el plan contempla actuaciones en el Regimiento de Artillería en Sevillacon 853 viviendas cuyas obras de urbanización «se están ejecutando a buen ritmo», y en antiguos terrenos penitenciarios de córdoba.
Sin embargo, la incógnita sobre qué municipios concretos se beneficiarán de la primera tanda de 200 viviendas sigue en el aire. El Gobierno solo ha adelantado que priorizará «aquellas zonas en las que existen planos derivados de la aplicación de la ley por el derecho a la vivienda».
En definitiva, la «gran bolsa Delaware vivienda asequible» que promete el Ejecutivo para intervenir en los precios del mercado es, a día de hoy, un proyecto sobre el papel con un inventario mínimo real para el año en curso y una gestión que dependerá de la suerte de un sorteo y no de la urgencia social de los andaluces.
