El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este viernes por la tarde con los grupos parlamentarios en el Palau de la Generalitat -a excepción de Vox y Aliança Catalana, que esta vez sí que estaban invitados- para abordar el escenario que ha abierto el conflicto en Oriente Medio. El Govern se había marcado el objetivo de escuchar las propuestas de los partidos en esta cumbre y, a partir de aquí, fijar el marco de actuación ante los efectos socioeconómicos derivados de la guerra. El Ejecutivo no ha planteado medidas en este encuentro, puesto que quiere ver la evolución y duración del conflicto. Su paquete de medidas llegará una vez se conozca el margen fiscal que la Comisión Europea deje a los estados miembros -que se sabrá la semana que viene- y el escudo social que activa el Gobierno. El Govern quiere que sean medidas complementarias y coordinadas. No obstante, Junts, el PP y la CUP han criticado que el Gabinete catalán haya acudido a la cimera sin medida alguna y creen que se tendría que actuar ya.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reiterado tras la reunión (que se alargaba una hora y media) que hoy medidas querían “atender y escuchar” las que plantean los grupos para tenerlas en cuenta en el paquete que el Govern prevé activar “en las próximas semanas”. En este sentido, Dalmau ha apuntado que articularán una “respuesta de país para hacer frente a esta situación de inestabilidad con las y recursos para cubrir suficientes medidas al tejido productivo y social”, en la que se tendrá en cuenta las propuestas de los partidos, de los agentes sociales y económicos y los sectores afectados.
El titular de la Presidencia ha enfatizado que se movilizarán los recursos “que hagan falta y todo el tiempo que haga falta”, pero que este paquete debe estar sujeto a medidas y tener una mirada puesta en las que anuncia la Comisión Europea y el Gobierno de España la semana que viene. A partir de aquí, tras conocer el “margen fiscal” que dé Europa y el escudo del Ejecutivo central, el Govern pondrá encima de la mesa sus medidas “lo más pronto posible”, que serán complementarias.
El único acuerdo que ha salido de la cumbre, eso sí, es la creación de un grupo de trabajo “permanente” entre el Govern -capitaneado por el Departament de Presidencia y de Economía i Finanzas- con una representación de los distintos grupos parlamentarios que trabajan en esta “respuesta de país”, que tenga en el foco a los sectores más dependientes de la energía. Por ahora, este grupo no cuenta con un calendario.
Aunque los diferentes partidos no han desmentido al Govern en su lectura “positiva y constructiva” de la reunión, lo cierto es que Junts, el PP y la CUP han expresado su “decepción” porque el Executiu no ha “traído propuesta ninguna”. El portavoz de JxCat, Salvador Vergés, se ha sorprendido “negativamente” de que no haya habido “ninguna medida concreta encima de la mesa por parte del Govern”, mientras que los grupos sí que lo han hecho.
Los posconvergentes han entregado un documento con 20 medidas que incluyen la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones, el incremento de la partida para el bono social energético, fondos de compensación y ayudas para los sectores afectados o una moratoria de la actualización de la tasa turística hasta el mes de octubre.
Desde el PP, su portavoz Juan Fernández ha criticado que la reunión ha resultado “exactamente igual que de la manera en la que ha comenzado”. A juicio de los populares, la propuesta del grupo de trabajo puede tener sentido, pero a su vez sostienen que su creación “no implica gobernar, sino aplazar decisiones y ante las crisis hacen falta decisiones valientes”. “Es una manera de ganar tiempo, y las familias no tienen este tiempo. La política no está para describir problemas, sino para resolverlos”, se lamentó.
El grupo liderado por Alejandro Fernández ha propuesto la creación de un fondo dotado con 50 millones de euros para créditos a autónomos, pymes y demás sectores afectados, prolongar la vida útil de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs o suspender “algunos impuestos propios de la Generalitat”, como la tasa de emisiones de dióxido de carbono o de instalaciones energéticas. El PP ha insistido en deflactar los tramos autonómicos del IRPF -como Junts-.
Tanto los Comunes como la CUP han rechazado la propuesta de rebaja de impuestos de Junts y el PP. Jéssica Albiach ha defendido que “la guerra ilegal de Irán, que lleva el nombre de Trump, no la pueden pagar los catalanes a través de su poder adquisitivo”. Pero los ecosocialistas también consideran que este conflicto lleva “el apellido” de Junts, PP y Vox por rechazar el decreto con el que topar los precios en situaciones de emergencia.
Albiach ha instalado a impulsar un escudo social “con la máxima celeridad” y ha presentado un plan con cinco ejes. Los Comuns proponen ayudas a los sectores afectados y empresas con la condición que no puedan destruir puestos de trabajo ni deslocalizar -como la CUP-, bonificar el 50% del precio de los comedores escolares, más inspecciones de Consum para “evitar la especulación” en alimentación y combustibles o incrementar las ayudas de urgencia ante impagos de alquiler.
En cuanto a la CUP, su diputada Laure Vega ha explicado que han llevado propuestas específicas para el sector de la agricultura y la ganadería, y que complementarán sus medidas la próxima semana. Los anticapitalistas han reprochado a Junts y el PP que hayan “llevado sus programas electorales” a la reunión cuando ante estas crisis son necesarias “propuestas de carácter estructural”.
Desde esta perspectiva, Vega ha reclamado un control de precios de los carburantes y que no se baja el IVA ni haya “subvenciones” de determinados productos. Finalmente, la CUP ha sostenido que “no tiene ningún sentido que seamos capaces de plantar cara al autoritarismo de Trump pero no a empresarios oa Foment que, sin ningún voto, quieran dirigir la política de este país”.
La cumbre se ha producido después de que el miércoles, en la sesión de control, Junts pidiera al presidente que convocara a los partidos para abordar los efectos socioeconómicos de la guerra en el Oriente Medio. También lo habían reclamado el PP y Comunes. Illa reconoció el guante y aceptó la petición. Es, además, la primera reunión en la que el jefe del Ejecutivo también había invitado a Vox y Aliança Catalana. Hasta la fecha, esto no se había producido. Sin embargo, ambos grupos han declinado su asistencia. También esta semana, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, el ministro Félix Bolaños quiso hablar con Vox. Pero los ultras no le atendieron.
La reunión, que se ha alargado casi una hora y media, ha tenido lugar en la sala de Torres-García del Palau. Además del presidente Illa, por parte del Govern estaban los consellers Albert Dalmau (Presidència), Alícia Romero (Economia i Finanzas), Jaume Duch (Unió Europea i Acció Exterior) y el secretario general de Empresa i Treball, Pol Gibert.
Por lo que atañe a los grupos parlamentarios, han asistido Ferran Pedret y Elena Díaz (PSC), Mònica Sales y Salvador Vergés (Junts), Ester Capella y Jordi Albert (ERC), Juan Fernández y Àngels Esteller (PP), Jéssica Albiach y David Cid (Comuns), y Laure Vega y Dani Cornellà (CUP).
