El Govern de la Generalitat ya tiene los deberes hechos. Ha finalizado los trabajos internos para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat del 2026 y ha remitido, como es preceptivo, el anteproyecto de medidas de ley de impuestos y financieras, la denominada ley de acompañamiento, al Consell de Treball Económic i Social de Catalunya (CETESC), para que emita un dictamen sobre el impacto económico y social de las nuevas cuentas, un paso clave antes de iniciarse la tramitación parlamentaria de la norma.
A la postre, esto significa que el Govern ya ha finalizado la elaboración de las nuevas cuentas catalanas y queda a la espera de que ERC -y los Comuns- se avengan a negociar para aprobarlas definitivamente en el Parlament.
Así lo ha señalado la consellera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista en TV3, donde ha informado precisamente de la remisión del anteproyecto de ley al CTESC y de algunas de las directrices de este anteproyecto, que junto a las modificaciones sectoriales habituales y sin cambios tributarios respecto al status quo, el Govern ha querido poner el acento en la simplificación administrativa y la agilización de trámites.
Así, en el anteproyecto de ley se suprimen 19 tasas que para el Ejecutivo catalán suponían “trabas burocráticas innecesarias para la ciudadanía y la actividad económica”, y que tenían un impacto recaudatorio muy reducido (apenas 500.000 euros). Un ejemplo destacado es la tasa que dejarían de pagar las cofradías de pescadores por la ocupación del dominio público portuario destinada a las oficinas, las lonjas pesqueras y otras instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad pesquera.
Por otro lado, el anteproyecto introduce una regulación específica sobre el uso de la tramitación de urgencia para anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias, lo que permitiría reducir en gran medida los plazos de tramitación. También se introduce un procedimiento para aprobar normas experimentales temporales (para evaluar su eficacia) y un procedimiento para establecer espacios de prueba controlados para probar nuevos productos, tecnologías y procesos bajo condiciones regulatorias flexibilizadas, con el fin de facilitar la innovación.
Entre las modificaciones también se pone especial énfasis en el ámbito de la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de agilizar los trámites. En este sentido, se introduce una “transformación digital” en un máximo de dos años de los procedimientos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales, con el objetivo de eliminar la documentación redundante y reducir los plazos de traducción.
También se introduce una serie de simplificaciones en el ámbito de la intervención, de manera que se simplifica el control interno de las entidades públicas y se regula la concesión de subvenciones mediante otras modalidades distintas a la concurrencia competitiva.
La consellera Romero ha informado que este anteproyecto de ley fue remitido a los aliados de investidura, ERC y Comuns, antes de Navidad, con el objetivo de ir adelantando trabajo hasta poder desencallar la negociación de presupuestos, por tanto, este anteproyecto de medidas fiscales contaría ya con el apoyo de ambas formaciones. Ahora, Romero quiere imprimir una marcha más para iniciar las conversaciones presupuestarias, que ERC demora hasta atar los cambios legislativos vinculados a la recaudación de impuestos vinculados al nuevo modelo de financiación, como el IRPF.
“Cuanto antes mejor”, ha emplazado la consellera sobre la necesidad de iniciar estas negociaciones y aprobar las cuentas, según ha dicho, durante el primer trimestre del año. De momento, lo que hará el Govern es aprobarlas en el Consell Executiu -e iniciar así la tramitación parlamentaria- sin tener atados los apoyos: “Los presentaré si puedo negociarlos”, ha indicado Romero.
“Esperamos que nos den luz verde para negociar”, pero mientras tanto, “los tenemos preparados”, ha comentado la consellera sobre unos presupuestos de 65.000 millones de euros, más de 30.000 millones de gasto no financiero no finalista, y la posibilidad de perder unos 2.000 millones de euros de gasto en el caso de no poderlos aprobar.
