Una manifestación reivindicando el “fin de la vulneración de los derechos de los presos” de ETA recorrió ayer, como cada año, las calles de Bilbao, aunque lo cierto es que la situación de los reclusos es radicalmente diferente a la que se registraba hace algunos años. En este momento, transcurridas más de cuatro décadas desde los años de mayor actividad terrorista, la cifra de reclusos que pertenecieron a ETA en el pasado apenas supera el centenario, muy lejos de los más de 750 que llegó a haber hace dos décadas. Además, la práctica totalidad se encuentra en cárceles vascas.
El frente de los presos, una cuestión muy sensible para una parte de la izquierda abertzale, se ha desinflamado en los últimos años, especialmente desde que el Gobierno español zanjó hace tres años la política de dispersión que se aplicaba desde 1989. En paralelo, durante el último decenio están saliendo de prisión los presos encarcelados durante los años más duros del terrorismo, a lo largo de los 80 y la mitad primera de los 90, en muchos casos tras cumplir alrededor de 30 años.
Hace 20 años llegó a haber 750 presos en prisión; hoy son unos 125, con una veintena fuera del colectivo
Existe un tercer factor que está contribuyendo a este enfriamiento de la cuestión. A medida que el cumplimiento de las condenas avanza, se incrementa el número de reclusos que acceden al tercer grado o régimen de semilibertad, una tendencia que, sin embargo, está siendo muy criticada por algunos colectivos de víctimas.
En este momento, el EPPK, el autodenominado colectivo de presos políticos vascos, cuenta con 105 presos cumpliendo condena. Hay otra veintena de reclusos que están en prisión y que se sitúan fuera del colectivo (la mayoría disidentes con la línea oficial y partidaria de reivindicar una amnistía total).
Esa cifra de poco más de un centenar de presos de ETA contrasta con los más de 750 que llegaron a haber hace dos décadas, en torno a 2005 –la más elevada desde el franquismo–, y los casi 700 que llenaron las prisiones cuando en 2011 ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Entonces, alrededor de 550 presos estaban encarcelados en prisiones españolas y unos 150 cumplían su condena en cárceles francesas. De ellos, apenas una treintena se encontró en cárceles cercanas al País Vasco, en la mayoría de los casos como consecuencia de haber sido desvinculado de la violencia, acogiéndose a la vía Nanclares.
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El fin de la dispersión ha traído un cambio radical en este aspecto. La práctica totalidad de los presos de ETA cumple condena en cárceles vascas, con las únicas excepciones de Mikel Karrera Sarobe, alias atay Saio Sánchez Iturregi, desvinculada del EPPK. Ambos se encuentran en la prisión francesa de Lannemezan, en el departamento de Altos Pirineos. En lo que respecto al resto, 35 afrontan la fase final del cumplimiento de sus condenas en sus domicilios y el resto se divide entre las prisiones de Zaballa y Martutene –que concentran a dos terceras partes de los reclusos–, y las de Basauri y Pamplona.
El perfil de los presos también ha cambiado de manera sustancial. La mayor parte de los reclusos condenados por el terrorismo de ETA a lo largo de los años 80 y los primeros 90 ya ha salido de prisión, con la excepción de Henri Parot, de 67 años y en prisión desde hace 35 años. Hay otra media docena de presos que rondan o superan los 70 años. En total, una veintena permanece en prisión desde finales de los años 90.
Una imagen de la manifestación organizada ayer en Bilbao
En todo caso, no se trata del perfil más común. La mayor parte de los reclusos de ETA aún en prisión fueron encarcelados en los años posteriores a la ruptura de la tregua ligada al Pacto de Estella/Lizarra (1998-1999). El periodo medio de condena que ha cumplido este centenario de presos aún en prisión ronda los 20-25 años, y el perfil mayoritario es el de un varón (menos del 10% son mujeres) nacido en la década de 1970.
En cuanto a la situación penitenciaria, además de los 35 presos que enfrentan el final de su condena en sus domicilios, sujetos a diferentes medidas penitenciarias, hay otros ocho en tercer grado. El resto, algo más de 60, se encuentran en segundo grado, aunque algunos de ellos han accedido ya a algunos permisos en aplicación del reglamento penitenciario.
La cuestión de las progresiones de grado es uno de los caballos de batalla de algunas asociaciones de víctimas. Covite ha denunciado esta semana que se están concediendo terceros grados “fraudulentos” con el “aval” de la Audiencia Nacional, el órgano que controla judicialmente las progresiones de grado propuestas por las juntas de tratamiento de las respectivas prisiones. Desde Sare, mientras, censuran que la Audiencia Nacional está revocando y retrasando algunas progresiones de grado.
Algunas víctimas denuncian la concesión de terceros grados con el “aval” de la Audiencia Nacional
En todo caso, este colectivo pone el foco más allá. La reivindicación central del entorno de los presos es hoy la derogación de la ley orgánica 7/2003, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Esta norma, aprobada durante la segunda legislatura de José María Aznar, endureció las condiciones de acceso a terceros grados para casos de terrorismo y, sobre todo, elevó a 40 años el límite máximo en prisión para los supuestos en que se cometan dos o más delitos de terrorismo.
Con la norma en la mano, los últimos presos en entrar en prisión con delitos de sangre, condenados por algunos de los 12 asesinatos cometidos entre la ruptura de la tregua de 2006, con el atentado de la T-4, y el último atentado mortal en 2010 (el asesinato del gendarme Jean-Serge Nerín), saldrían de prisión en el horizonte 2045-2050. Se trata de una espada de Damocles que pende sobre la izquierda abertzale, que a lo largo de estos años ha visto cómo el enfriamiento de la cuestión de los presos ha facilitado su apuesta pragmática.
