El principal investigador policial de la Unidad de Delito Fiscal y Financiero (UDEF), AI, agente 89140, se mantiene en las tesis policiales de que la familia Pujol obtuvo ingentes beneficios gracias a las gestiones y negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en España, México, Argentina o Gabón.
Ahora bien, la puede contener “errores”, según ha admitido una decena de veces en la sesión de este jueves del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia desde finales de noviembre.
El juicio llegaba a un día clave, con el interrogatorio del policía por parte de los abogados defensores de la familia Pujol y de la cena de empresarios acusados.
El agente ha negado haber recibido nunca instrucciones de responsables políticos de la policía. También ha negado tener “ninguna relación” con los ex mandos policiales José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, que declararon el martes en la vista oral.
El agente se remite en genérico a casos como Banca Catalana, Prenafeta, Palau o Grand Tibidabo como antecedentes de la corrupción cercana a los Pujol.
El agente policial 89140 es el firmante o supervisor de siete de los principales informes de la causa que recogen los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.
Ha admitido, por ejemplo, que no revisó la normativa de planeamiento de l’Hospitalet para saber si había corrupción entre Pujol y la constructora Copisa para entender los cambios en la edificabilidad que harían beneficiado a la compañía. “No lo hice y desconozco por qué no lo hice”, dijo. “Si no lo miré no es que no le diera importancia, sino que no lo miré”.
Los temas administrativos, han añadido, no son su “especialización”. Se ha proclamado, eso sí, como “el mejor” en su materia, el blanqueo de capitales, “pero en otras materias no”. El agente ya no está en la UDEF.
Este investigador ha mencionado reiteradas veces el caso Palau, a Lluís Prenafeta, Banca Catalana o el caso Grand Tibidabo como antecedentes de la corrupción alrededor de CDC, aunque carezca de vinculación procesal con este caso. Negó que el pendrive que se aportó ilegalmente a la causa -un superior suyo fue condenado por ello- hubiera servido para averiguaciones de los Pujol en este caso.
El agente ha explicado que la cuenta 63810, cuyo titular era Jordi Pujol i Soley, y dotada con unos 300 millones de pesetas (1’8 millones de euros), tuvo poco movimiento, a diferencia de la 84800, eje de las sospechas policiales.
En la jornada anterior, el investigador policial había afirmado que las regularizaciones fiscales de los hermanos Pujol al descubrirse (el 7 de julio de 2014, al publicarlo El Mundo) fueron incompletas.
En la jornada de hoy ha admitido que dijo “incompletas como generalidad”, pero que la investigación se centró menos en los seis hermanos menores que en el primogénito.
Algunas informaciones referidas al padre de Jordi Pujol i Soley, Florenci Pujol i Brugat, las buscó en Google. Más tarde ha explícito que no se citaría de nuevo el buscador para no generar sonrisas en la sala.
El agente sostiene que intentó “objetivar los datos” aparecidos tras la declaración policial de Victoria Álvarez.
El agente ha mantenido que, aunque en las comisiones rogatorias integradas en la causa no quede acreditado que hubiera traspasos monetarios al negocio de Puerto Rosario desde Panamá, Liechtenstein y Suiza, como publicó un medio, “no significa que no se produjese” dicho trasvase.
En la gestión de esa información intervino el comisario Villarejo, tal como acreditan correos electrónicos con el periodista que lo publicó ya los que ha tenido acceso a este periódico. “Yo intento objetivar los datos”, ha expuesto.
Lo mismo hizo AI cuando se le encomendó analizar la declaración policial de Victoria Álvarez, ex novia de Pujol Ferrusola.
A finales de 2012, ésta declaró ante la policía tener conocimiento de que su pareja transportaba dinero desde o hacia Andorra. Álvarez reconoció después de haber Conrado fondos reservados de la policía.
La sesión ha tenido, dentro de la enorme tensión de la jornada, momentos hilarantes: el abogado de Mercè Gironès, Oriol Rusca, ha querido saber el significado técnico de la expresión “a capón” que consta en un informe policial sobre un reparto de participaciones.
El agente ha consultado el informe en papel antes de aclarar que se refería a un reparto un poco a la brava. “Como los votos en Venezuela”, ha ilustrado. En medio del jolgorio, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha pedido que acabaran los “chascarrillos”.
En otro momento, y tratando de justificar por qué una operación inmobiliaria de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès que les reportó 4’8 millones de pesetas no generó la construcción de ninguna promoción, Rusca le preguntó: “¿Usted sabe si en el mundo paso algo en el año 2008 que afectará a los precios del sector inmobiliario?”, “Si no consta en los informes…”, ha eludido el agente. “¿Qué hizo? ¿Lo buscó en Google?” ha ironizado el letrado.
El agente mantuvo que Pujol Ferrusola moviera dinero a México “de forma espúrea”, para la operación inmobiliaria de Azul de Cortés, que consistía en la construcción de un enorme complejo turístico en primera línea de costa en Baja California y que desarrolló con otros cuatro inversores. Uno de ellos era Luis Delso, presidente de la compañía Isolux-Corsán, a quien la policía acusó de orquestar con Pujol una operación de blanqueo de capitales.
El agente admitió que podía haber errores en algunos aspectos de la instrucción, como en la cifra (13 millones de euros) que supuestamente logró Isolux en obra pública en 2007 del ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.
El letrado de Delso, José Antonio Choclán, ha acorralado al instructor, que ha mantenido la generalidad de la actuación delictiva pero ha admitido numerosas veces que podía haber errores en los informes policiales.
“En unos casos me juego la mano, y en otros pienso que” (pudo haberlas), ha dicho, respecto a las actuaciones delictivas de los acusados.
El juicio ha quedado pausado hasta el 9 de marzo, cuando proseguirá con el interrogatorio del mismo agente por parte del resto de abogados defensores.
