El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y ha reconocido su derecho a percibir la indemnización por razón de vestuario correspondiente a los años en los que prestó servicio de … paisano en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba.
La sentencia, dictada el 13 de noviembre de 2025 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, anula la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada en octubre de 2021 y condena a la Dirección General de la Policía al pago de las cantidades que legalmente procedan desde el 14 de octubre de 2017 hasta el 1 de abril de 2024, fecha en la que el agente pasó a la situación de jubilación.
El recurrente reclamaba el abono de la compensación económica prevista para aquellos funcionarios que, aun estando destinados en puestos con obligación general de uniforme, se ven eximidos de su uso por necesidades del servicio. En su caso, había desempeñado trabajos de investigacion en la Unidad de Delitos Violentos y Atracos de la Policía Judicial, actuación de forma habitual de paisano.
La Abogacía del Estado se opuso a la demanda al considerar que no constaba acreditado que el funcionario hubiera prestado servicio sin uniforme por razones de servicio y con autorización expresa. Sin embargo, el tribunal destaca que en el expediente administrativo figura certificación del jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba en la que se acredita que el agente estuvo destinado en dicha unidad desde 2017 hasta su jubilación, ejerciendo funciones de investigación y vistiendo de paisano.
Doctrina
La Sala se apoya además en la doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de septiembre de 2021, que reconoce el derecho a la indemnización por vestuario a los policías destinados en servicios obligatorios de uniforme cuando están eximidos de su uso por exigencias reglamentarias.
En consecuencia, el TSJA declara no conforme a derecho la desestimación presunta de la solicitud y reconoce el derecho del demandante a percibir la compensación económica reclamada, con los intereses legales correspondientes. Asimismo, impone las costas del procedimiento a la Administración exigida, si bien limita su cantidad a un máximo de 300 euros.
La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que concurran los requisitos previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
