La senadora de Esquerra Republicana, Laura Castel, ha entregado al comisario de Derechos Humanos en el ámbito europeo, Michael O’Flaherty, un informe sobre el caso del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelonès Nord), donde se produjo el desalojo de decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad. El documento, elaborado por el grupo municipal de ERC en Badalona, expone las consecuencias sociales y humanitarias derivadas de esa actuación.
El informe documenta los hechos ocurridos entre 2023 y 2026, con especial atención al desalojo ejecutado en diciembre de 2025, llevado a cabo -según el texto- sin una alternativa habitacional efectiva y en pleno invierno. ERC sostiene que la intervención provocó una situación de sinhogarismo inmediato que afectó a centenares de personas, además de un trato que califica de “deshumanizador” hacia el colectivo afectado.
El documento también analiza el contexto político e institucional en que se produjo el desalojo y alerta de un patrón de estigmatización y deshumanización de las personas que residían en el edificio. Según ERC, el caso del B9 no sería un hecho aislado, sino el resultado de una gestión que priorizó el orden público y la confrontación política por encima de un enfoque basado en derechos.
Laura Castel subrayó que el caso “no puede quedar en el ámbito local”, ya que, a su juicio, interpela directamente a los valores europeos de dignidad, no discriminación y protección de los derechos humanos. La senadora considera que las instituciones europeas deben analizar si los hechos descritos son compatibles con los estándares europeos, especialmente en lo relativo al derecho a la vivienda, la protección frente a tratos degradantes y el principio de no discriminación.
receptividad europea
El comisario de Derechos Humanos mostró receptividad ante la información trasladada, en línea con el enfoque de su mandato, centrado en colectivos con escasa capacidad de visibilización dentro de la Unión Europea, como personas migrantes y otros grupos vulnerables.
Con esta iniciativa, ERC busca situar el caso de Badalona en la agenda europea y abrir la puerta a una evaluación sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
