La regularización de hasta 800.000 inmigrantes –según la fiable previsión de Funcas– es un fraude democrático. Una cuestión de tanta enjundia no debería saldarse sin un debate y posterior votación en el Congreso. De las siete regularizaciones extraordinarias, contando la presente, esta es la cuarta que se ejecuta por la puerta de atrás, recurriendo al real decreto y con una peineta al parlamentarismo. Dos con Felipe González, una con José Luis Rodríguez Zapatero y la actual con Pedro Sánchez. Que haya sucedido antes no lo hace bueno, sino peor, por la reincidencia.
Una cosa y la contraria. Porque ahora agregaremos que esa regularización es necesaria. Son personas que ya viven aquí y alguna salida hay que proporcionarles, como ha ayudado sobre todo Cáritas, que sabe muy bien lo que es atender la extrema necesidad. Por cierto, es maravilloso anunciar cómo la izquierda echa mano de la Iglesia como argumento de autoridad siempre que le dé la razón al Gobierno, pero salta a su yugular en cuando expresa una opinión que no coincide con el oficialismo.
La regularización de hasta 800.000 inmigrantes es un fraude democrático
Pero, en política, la forma y los detalles son relevantes. Por eso cuesta aceptar la bondad de una regularización tan laxa en sus exigencias. Cuestión esta que también la convierte en un desprecio al conjunto de inmigrantes que han respetado la ley para empezar sus vidas aquí.
Si además la medida se utiliza tácticamente –eso es lo que representa ceder el protagonismo a Podemos cuando no son necesarios sus votos–, el asunto se tiñe de irresponsabilidad. Se derivan de este punto en concreto dos consecuencias nefastas.
Un niño migrante en El Hierro
La primera remite al hecho de convertir la inmigración ilegal en un cambalache del PSOE para devolver a Junts al redil del pelotón de investidura. Los podemitas ya han dicho que algo han entregado a cambio, pero que no pueden decir abiertamente el qué. Ese algo se intuye que puede ser el voto afirmativo a la cesión de competencias en la gestión de la inmigración a la Generalitat. Junts dejarán de ser para los morados un partido racista, que era el argumento que utilizaron para oponerse en su día al traspaso.
La segunda derivada es peor. Como para Podemos, igual que para Vox, todo es guerra ideológica, la regularización ha aterrizado en la opinión pública por boca de un partido marginal electoralmente, con ánimo provocativo, divisivo y confrontacional. Algo que, por otra parte, al Gobierno le conviene y que por eso abona.
De fondo, la voluntad de escarbar en las contradicciones del PP y subir la temperatura del debate aprovechando la reacción de la extrema derecha. De resultados cambia el decorado: inmigrantes en lugar de trenes. El final del cuento es todavía más creativo: en EE.UU. matan, en España regularizamos.
El asunto más sensible de la agenda política tratada como argumento televisivo con el país como decorado y los ciudadanos como espectadores obligados a responder emocionalmente. Solo que la respuesta es muy probable que sea la contraria a la que prevén nuestros gobernantes.
Queda inaugurada la cuenta atrás para la próxima regularización. No esta, la siguiente. Al efecto llamada inevitable de esta decisión se suma la que incentiva el propio Gobierno a diario en todos los foros en los que participa, insistiendo en la necesidad de más inmigrantes. Debe de ser este el único asunto en el que coincide la opinión de la mayoría de patronales y asociaciones empresariales, el Gobierno, la izquierda y la extrema izquierda.
Ni una palabra del Gobierno sobre que España cierra la puerta a futuras regularizaciones masivas. Nada sobre los visados turísticos como puerta principal de entrada de la inmigración ilegal. El vacío sobre la necesidad de restringir las facilidades para empadronarse nada más bajar del avión. Ni una palabra sobre la limitación de los servicios básicos si uno escoge el atajo de la ilegalidad para trasladarse a España. La regularización no se acompaña, como debería, del mensaje de que a partir de ahora se intentará un control efectivo de fronteras y que violentarlo comportará costes.
¿Preocupa la ultraderecha? No lo parece, a decir verdad. Si así fuera, no se manejaría la nitroglicerina electoral que es la inmigración con los pies. Más bien se abona su crecimiento exponencial. Lo volveremos a muy pronto. Próxima parada: Aragón.
