“El proyecto es un mamarracho que merece ser rechazado de punta a punta. No genera empleo, facilita la precarización y los que votan el Fondo de Asistencia Laboral incluso deberían ir presos: pretenden darles la plata de los jubilados -a los que se les niega un ínfimo aumento- a las patronales para que despidan trabajadores”, opina Palazzo con dureza sobre el proyecto en una conversación exclusiva con Ámbito.
Periodista (P.): En diciembre hubo una reunión entre la CGT y los legisladores peronistas y ambos se llevaron el compromiso de acercarse a las provincias y dar a conocer su propio proyecto. ¿Cómo están en ese proceso? ¿Qué avances tuvieron desde ese momento hasta aquí?
Sergio Palacio (SP): En principio hubo charlas obviamente de la CGT y de distintos dirigentes con gobernadores. Como se pasó a febrero la discusión, las conversaciones se profundizaron para que no acompañaran una ley de reforma laboral que cercena derechos individuales de los trabajadores, derechos de la negociación colectiva y derechos de las asociaciones. La entendemos como una ley absolutamente nociva que debería tener un contundente rechazo y en ese sentido son las reuniones y los pedidos que se le formulan a los distintos gobernadores.
sergio palacio
P.: También en el último tiempo hubo acercamiento con algunas cámaras, como la CAC o la CAME. ¿Hubo algún entendimiento?
SP: Siempre hubo conversaciones. Creo que esta ley de reforma laboral no convence ni siquiera a muchos sectores empresarios y por eso han salido algunas cámaras acompañando la posición de la CGT. Es una reforma que tiende a quitar derechos y que no tiene ningún sentido. Es un mamarracho político que lo único que pretende es demostrar, desde un punto de vista ideológico, hacia dónde va el Gobierno, que es una alianza con los sectores más concentrados de la economía y perjudicando a los trabajadores.
P.: Estos sectores empresariales tienen reuniones directas con los encargados de la redacción del proyecto del Gobierno, ¿qué le expresan cuando se reúnen con ellos?
SP: No sé si pasa algo en las reuniones directas. Si vos analizás, y estás en el Boletín Oficial, cuando se hizo la presentación del proyecto por el Consejo de Mayo figura que Tanto Martín Rappallini por la UIA como Gerardo Martínez por la CGT habían presentado propuestas respecto a los temas laborales.pero no especifica muy bien cuáles y plantean que ellos no la habían tenido en cuenta. Quiere decir que a los sectores involucrados no les prestan atención desde el Gobierno. Esto será obra de tres o cuatro abogados ligados al Gobierno, más el fundamentalismo de Federico Sturzenegger.
P.: El Gobierno se expresa muy confiado con la aprobación de este proyecto, incluso en el Senado en donde tienen menos influencia. ¿Cuál piensa usted que tiene que ser la estrategia opositora cuando ya se acerca la votación?
SP: En principio no creo que se muestren muy confiados en que tienen los votos para sacar la ley, si no lo hubieran sacado el día del tratamiento en el Senado en el mes de diciembre; o si tuvieran los votos el reinicio de extraordinaria hubiera sido el 15 de enero, no el 2 de febrero. Eso demuestra que el Gobierno no está teniendo los consensos suficientes con otros actores políticos para tener la ley.
Especulo también que deben estar haciendo algún análisis desde el punto de vista político porque ellos saben que hay muchos artículos a los que seguramente se van a tildar de inconstitucionales. Esta reforma permite rebaja salarial, viola el principio de autonomía sindical y trata temas impositivos que debería tratar primero la Cámara de Diputados. Tiene muchas falencias desde el punto de vista jurídico. Creo que no tienen ni siquiera el consenso con otros partidos políticos y con gran parte del sector empresario.
P.: ¿Se prevé un horizonte de judicialización en caso de que la ley avance?
SP: Todo tiene un tiempo. El tiempo también será la movilización, el tiempo será la acción gremial de alguna medida de fuerza que inexorablemente se va a terminar tomando si ellos quieren seguir avanzando. Y si todo esto no alcanzará, claramente está la acción judicial, porque varios artículos vulneran los pactos internacionales y la Constitución argentina.
P.: ¿Qué rol piensa que tiene que tener la CGT en este momento puntual, donde se habla mucho de una oposición también desarticulada?
SP: La CGT está llevando adelante un papel central en esta discusión, porque lo que está en juego son los derechos de los trabajadores y mantener un modelo sindical. Por eso: hay determinados tiempos que se van manejando y que esperamos resultados. Yo ratifico, y lo dijo el secretario Gremial de la CGT Osvaldo Lobato, anunciando que si la ley sigue su camino va a haber medidas de fuerza decretadas por la CGT. Ese también es un camino. Daremos la pelea que hay que dar si lo que pretenden es quitarle los derechos a los trabajadores.
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Diputados: la oposición en el 2026
P.: Lo llevo a Diputados. Esta semana se conoció un proyecto de Unión por la Patria para desendeudar a las familias que tenían mucha carga con la tarjeta de crédito. El proyecto se firmó con respaldo de legisladores de otros bloques, como Pichetto, Massot y De la Sota. ¿Ampliarse es una vía para encontrar una agenda alternativa?
SP: Primero, estoy de acuerdo con el proyecto porque el nivel de endeudamiento de las familias es muy grande, porque cuando vos empezás a ver el porcentaje de incumplimiento de la deuda ya tenés varios problemas, tanto en las familias como en los bancos y las entidades financieras que no pueden cobrar. Con respecto a lo otro, varios proyectos están firmados en conjunto siempre, no es algo novedoso. Con Pichetto, por ejemplo, hemos firmado un proyecto el año pasado vinculado al tema de una regulación más fuerte en materia de billeteras digitales. También nos hemos acompañado entre distintos bloques para tratar el tema universitario o el del Garrahan. No es novedad que se amplíen los espacios y creo que eso es necesario ante este avance del Gobierno, para buscar soluciones distintas.
P.: ¿Qué soluciones o propuestas piensa que tiene que discutir el peronismo en este momento desde Diputados?
SP: En principio, me parece que un viejo anhelo nuestro es derogar el Decreto 70/2023. En segundo lugar, se tiene que tratar urgentemente la ley de emergencia de pymesque obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Industria el año pasado, porque traería un alivio a un sector importante para el empleo en la Argentina. Me parece que son temas centrales para recuperar la producción, el ingreso y el empleo de calidad en pymes.
P.: Usted estuvo involucrado en el pedido de información por el envío de oro del Banco Central y un fallo le dio la razón. ¿Qué novedades tiene sobre ese caso? ¿Qué pasos tomará si no se cumple el requisito?
SP: La resolución de la Sala V en lo Contencioso Administrativo se emitió en los últimos días antes de la feria judicial. Estamos esperando que se levante la feria para que den la información respectiva. Al Gobierno le quedan dos caminos: uno será el recurso extraordinario o el recurso de la queja ante la Corte. Creo que en ninguno de los dos casos pueden obviar entregarme la información. La Sala V lo dice con claridad: puede que no me den la información de dónde geográficamente está el oro, pero el resto de las preguntas me las tienen que contestar.
Por ejemplo: qué cantidad de oro sacaron, para qué tipo de operación, cuál fue el rendimiento de esa operación, si fue como garantía de algún préstamo y si pidieron algún préstamo por qué no pasaron por el Congreso, por qué lo hicieron por una transportadora de caudales teniendo el Banco Central un blindado propio o por qué no lo hicieron por Aerolíneas Argentinas. Toda esa información me la tendrán que dar. Cuando me la den la compartiré con la sociedad y fijaré mi posición. Si insisten en no dármela tomaré medidas legales.
