La primera persona que «debe dimitir» tras conocerse el informe de la Guardia Civil (la unidad especializada Ucoma) sobre las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de proyectos de energías renovables por parte de Forestalia «es Hugo Morán», apuntó este lunes el diputado autonómico … y portavoz de la coalición Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte. Según ese informe, que se trasladó la semana pasada al juez número 1 de Teruel tras efectuarse una docena de registros en las sedes del gigante aragonés de las renovables tanto en Madrid como en Zaragoza, en la causa figura como «elemento clave» el entonces subdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, que a través de una empresa de decoración creada con su mujer y sus cuatro hijos se habría embolsado unas mordidas por valor de cinco de euros amañando declaraciones ambientales a favor de la empresa de Fernando Samper.
El portavoz de Aragón Teruel existe considera que el actual secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Sara Aagesen y mano derecha de la anterior ministra Teresa Ribera es responsable directo de los informes maleados y manipulados, como superior de Eugenio Domínguez en el departamento ya quien además habría mantenido en el cargo y lo conserva todavía como asesor personal.
Según la Ucoma (Unidad Central Operativa Medioambiental integrada en el Seprona de la Guardia Civil), Domínguez asumía incluso personalmente los informes para que Forestalia ganase proyectos tan controvertidos por su impacto medioambiental como el del Clúster del Maestrazgo. Durante un tiempo, todas las adjudicaciones a renovables iban a parar a las manos de Forestalia. Siempre presuntamente y de acuerdo a las sospechas de los agentes de la Benemérita, Domínguez entró por la sede de Forestalia en la capital, en el número 20 de la calle José Ortega y Gasset, casi todas las semanas. Los empleados en las oficinas son testigos de ello. Además la Guardia Civil incluye también testimonios de funcionarios que dejaron a Domínguez en un mal lugar: asumía personalmente los expedientes de Forestalia, o los agilizaba, los priorizaba, incluso presionaba cuando algún otro funcionario estatal observa deficiencias en los expedientes.
Para los dos denunciantes de las diligencias abiertas por el juez Juan José Cortés Hidalgo en Teruel, Teruel Existe (en 2023) y Vox (en 2024), lo que se está empezando a conocer «es solo la punta del iceberg» y nos encontramos por lo que se sabe ya ante «la mayor causa de corrupción en la historia de Aragón». Por otra parte, denuncian el silencio administrativo en el actual PSOE de Pilar Alegría, que aprobó ser ministra el Clúster del Maestrazgo en julio de 2024 (se trata del mayor parque eólico del país adjudicado a Forestalia, que luego revendió al fondo danés CIP en espacio protegido de la Red Natura 2000 en la provincia de Teruel) o en el Ejecutivo de Jorge Azcón, que ha adjudicado el proyecto Búfalo a Forestalia, entre otros.
La ministra encargada era Teresa Ribera -a la que el PP europeo ha pedido explicar cuál era el papel de su cúpula en esta red corrupta- cuando el proyecto del Clúster del Maestrazgo aterrizó en Moncloa y fue rápidamente autorizado pese a que contaba con informes negativos tanto de la Generalitat Valenciana como de muchos de los municipios concernidos.
Pilar Alegría, que hoy lidera el socialismo aragonés, estuvo en el Consejo de Ministros de julio de 2024 que autorizó el controvertido Clúster del Maestrazgo
Teruel Existe y Vox, en sendas ruedas de prensa ofrecidas este lunes, denuncian también la falta de asunción de responsabilidades todavía por ninguno de los partidos salpicados (están también el PAR y la Chunta) por la sospecha de una gestión fraudulenta por parte de quienes agilizaron y autorizaron durante años los proyectos eólicos de la empresa Forestalia.
«Siempre tuvimos claro -ha continuado Guitarte- que nadie en su sano juicio se habría atrevido a plantear un proyecto que destruye uno de los principales patrimonios naturales de Aragón, de España y de Europa si no hubiera tenido la garantía de un respaldo político». Guitarte ve ya meridiana en el informe de la Guardia Civil la existencia de una «connivencia entre el promotor y el poder político» que aseguraba que el proyecto saldría adelante «fuese como fuese».
Tres pivotes del PSOE
Juan Vidal, diputado de Vox, por su parte, ha pedido dimisiones inmediatas cuando se sabe apenas una mínima parte de una causa enorme. Hay tres personas sobre las que pivotan las pesquisas policiales: el propio Domínguez, al que la Ucoma deja como el alto cargo necesario en el Miteco que emitía declaraciones medioambientales positivas para Forestalia a cambio de copiosos beneficios económicos, incluso asumía personalmente los expedientes para garantizar la adjudicación de las renovables de Fernando Samper; Jesús Lobera, exdirector del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) nombrado en 2016 con Javier Lambán, al que los agentes se sitúan como «elemento clave» en el Ejecutivo regional para presionar y acelerar actuaciones precisas por parte de la autonomía hacia los proyectos, alineándose siempre con las resoluciones favorables a Forestalia. Destapa la Guardia Civil también que Lobera mantenía «reuniones casi semanales con Samper».
Y el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente entre 2015 y 2019 con Javier Lambán, Joaquín Olona, que presuntamente «amenazaba a funcionarios que despedían proyectos de Forestalia».
Los dos partidos políticos que figuran como partes en esta trama de enorme envergadura han sido citados por el juez de Teruel el próximo viernes antes de adoptar medidas cautelares. La Benemérita ha sugerido al magistrado que paralice los proyectos eólicos en la provincia de Teruel, principalmente las plantas fotovoltaicas y los parques eólicos que componen el Clúster del Maestrazgo y las partes creen que el juez lo hará. Teruel Existe y Vox piden, además, revisar y elaborar auditorías independientes de todos los proyectos eólicos que tiene entre manos Forestalia.
