A las 9:30 de la noche del lunes pasado se confirmó por fin una noticia que venía rondando hace semanas: el presidente Gustavo Petro declaraba una nueva emergencia económica y social con la intención de recoger los 16 billones de déficit con los que viene el presupuesto del 2026. Por primera vez, un gobierno argumenta el hundimiento de una reforma tributaria –entre otras razones– para justificar una declaratoria de emergencia.
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La decisión, que ha generado una encendida polémica jurídica, política y por sus efectos en la economía, se materializó la tercera ocasión en la que el actual gobierno acude a uno de los estados de excepción consagrados por la Constitución para situaciones sobrevinientes e imprevisibles que desbordan la capacidad normal del Ejecutivo.
Presidente Gustavo Petro en La Guajira. Foto:Comunidad
La primera vez que el Ejecutivo tomó la vía de la excepcionalidad fue en julio de 2023, cuando declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. El argumento del Ejecutivo fue que se experimentaría un estado de calamidad por cuenta del fenómeno de El Niño que se avecinaba. Advirtió que las difíciles condiciones de La Guajira se agravarían por el fenómeno, que finalmente tuvo mayor impacto en otras latitudes del país, y que el Estado necesitaba recursos y vías rápidas de contratación para prevenir un desastre. Paradójicamente, fue la misma época en la que Olmedo López, nombrado por el presidente Petro en la dirección de Gestión del Riesgo (UNGRD), estaba afinando el desfalco con los carrotanques de La Guajira que destapó el que hasta ahora es el más grave escándalo de corrupción en esta administración.
A través de la emergencia, se emitieron 13 decretos con fuerza de ley. La declaratoria no tuvo la justificación suficiente para la Corte Constitucional. Tres meses después de emitida fue declarada inexequible. Se argumentó que los hechos no eran sobrevinientes –que es uno de los requisitos básicos para recurrir a una emergencia–, sino que eran condiciones estructurales que debían ser atendidas por la vía ordinaria. No obstante, el tribunal difirió los efectos de la derogatoria para darle la oportunidad al Ejecutivo de usar el trámite normal para aplicar varios de los puntos contenidos en los decretos, especialmente los referidos al agua potable.
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En enero pasado, la violenta ofensiva del Eln en el Catatumbo, que dejó al menos 100 civiles muertos y 80.000 desplazados y confinados a la fuerza, llevó al gobierno Petro a anunciar la declaración el estado de conmoción y la emergencia económica y social. Hubo debate sobre si se podrían invocar ambas figuras al mismo tiempo, pues varios leyeron un posible decreto de emergencia económica como el camino del Ejecutivo para aplicar la reforma tributaria que le hundieron en 2024.
Patrullajes del Ejército en Catatumbo. Foto:cortesia
Al final, únicamente se declaró la conmoción interior, con la que se emitieron más de 20 decretos: varios de ellos buscaban recursos para fortalecer la acción militar en la zona, como el IVA a los juegos de azar electrónicos y otros tributos que se acaban este 31 de diciembre. En este caso, la Corte Constitucional declaró exequible de forma parcial la declaratoria. Únicamente dio vía libre a las medidas relacionadas con la escalada de violencia del Eln y la crisis humanitaria que generó. El resto de acciones, centradas en los problemas históricos, fueron declaradas inexequibles, pues no eran hechos sobrevinientes y debían ser atendidos por la vía ordinaria. Una tesis que ya había dejado clara la Corte en su pronunciamiento anterior sobre La Guajira.
El ‘estilo Petro’
Precisamente, la nueva emergencia económica y social declarada por el Presidente ha sido criticada por no apuntar a hechos sobrevinientes, sino a episodios esperados, como una reforma tributaria negada por el Congreso. “Es una mala práctica porque, como su nombre lo indica, esas facultades son excepcionales, para circunstancias imprevistas. Perder una votación en el Congreso no justifica una medida de esa naturaleza”, explicó el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado.
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En una misma línea estuvo Gabriel Fuentes, columnista de este diario: “Los estados de excepción están previstos en la Constitución, son una figura que legítimamente podría invocar un gobierno, pero solo y únicamente cuando se dan de forma clara y taxativa las condiciones allí previstas”. Apuntó que “hacer uso de mecanismos extraordinarios y excepcionales como si fuera un comodín para poder gobernar por decreto no solo desconoce la separación de poderes, la autonomía de las ramas del poder público, sino también elementos fundamentales de la democracia liberal”.
No son solo las tres declaratorias de excepcionalidad que ha emitido el gobierno Petro, sino la tendencia a invocar estas figuras o a salirse del marco fijado por la Constitución cuando no le salen las cosas en el Congreso. Por ejemplo, también en 2024, el Ejecutivo amenazó con una nueva declaratoria de emergencia económica y social por un supuesto brote incontrolado de fiebre amarilla.
Presidente Petro Foto:Presidente Petro
El anuncio generó amplia polémica y prendió las alarmas, pues varios señalaban que la situación de orden sanitario no tenía la gravedad que el primer mandatario esgrimía. En cambio, se leía la movida como otro intento de buscar los recursos que el Congreso le negó al rechazarle la reforma tributaria de finales de 2024. Al final, el Ejecutivo se echó para atrás y solo emitió la emergencia sanitaria.
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A esto hay que sumarle las vías por fuera de la Constitución que ha planteado el Ejecutivo en otras ocasiones para cumplir con las pretensiones que no le prosperan en el Legislativo.
Por ejemplo, por varios meses, el primer mandatario se apropió de la tesis del excanciller Álvaro Leyva de que el acuerdo de paz con las extintas Farc, bajo el argumento de que se había incumplido lo pactado, le daba las herramientas para convocar una asamblea constituyente por fuera del mecanismo fijado por la carta magna. El mandatario decía que era la forma de tramitar la agenda social que en ese momento no tenía buen recibimiento en el Congreso. Al final, abandonó la idea, pero se mantuvo en vilo al país.
Con 52 votos negativos y 2 positivos fue negativa la consulta popular en la plenaria del Senado. Foto:CEET / CÉSAR MELGAREJO
También, a mediados del 2025, trató de hacerle el bastante al no del Senado a la propuesta del Gobierno de una consulta popular como forma de sacar adelante la reforma laboral, que la Comisión Séptima hundió. Aconsejado por el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, aseveró que hubo una irregularidad en la votación que rechazó la propuesta de convocar a las urnas y esto, por la excepción de constitucionalidad, lo habilitaba para llevar a cabo la consulta a través de un cuestionado ‘decretazo’. Como en ocasiones anteriores, abandonó el intento de saltarse el ordenamiento colombiano, pero la movida dejó un mal sabor en el Congreso. Y el Consejo de Estado frenó cautelarmente varios decretos con los que el Ejecutivo pretendía implementar su reforma de la salud a pesar de que esta no ha sido aprobada por el Congreso. Por eso, desde la oposición señalan al gobierno Petro de tener un talante autoritario.
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Para el analista Pedro Medellín, si bien es cierto que la actual administración ha evidenciado cierto autoritarismo, sus intentonas terminan siendo inútiles: “Todo resulta en grandes simulacros o en enunciados sin fondo o propósito nacional”.
Los analistas cuestionan al Ejecutivo por “buscar atajos” cuando las decisiones de otros poderes no le sirven o no le gustan.
El registrador Penagos explicó los retos de la entidad Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
