La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de Cáritas, es una de las entidades que impulsaba la iniciativa legislativa popular (ILP) para la legalización de los migrantes que residen en España en situación irregular. Por ello, en consecuencia, ha celebrado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto que facilitará que medio millón de personas, según los cálculos de la administración, tengan papeles si acreditan los requisitos establecidos. “Es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común”, afirmó el presidente de los obispos, Luis Argüello, en un comunicado difundido por la CEE.
Más allá de congratularse por el paso que ha dado ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el también arzobispo de Valladolid ha lamentado que la medida llegue tarde y ha afirmado se que podría haber firmado el decreto hace meses. “Este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la ILP dijimos en su momento en el Congreso de los Diputados ya la administración”, ha apuntado en ese sentido el prelado, que también ha afirmado que sí se aprueba ahora es porque el momento político lo favorece.
Hace unos meses, la CEE con Argüello a la cabeza, cuando trataba de recabar apoyos para la ILP, se reunió tanto con el grupo del Partido Popular del Congreso como con el del PSOE. Constató entonces que los populares se resistían a dar apoyo a la iniciativa. A los socialistas, que aseguraban entonces que no tenían apoyo suficiente para validar esta medida, ya se les sugirió la posibilidad de emplear el decreto, según fuentes consultadas.
A juicio de los obispos, la medida del Ejecutivo central “soluciona una situación que en tantos municipios de España se muestra ya como de extraordinaria dificultad”. “Personas trabajando y acudiendo a servicios públicos, sociales y colegios y encontrándose con el muro de la falta de legalización”, ha proseguido.
