El futuro de las universidades públicas madrileñas tras años de “infrafinanciación” por la Comunidad sigue pendiente de concretarse tras aparcar el Gobierno regional su polémico proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), rechazado por los rectores y la comunidad educativa y que marcó la gestión del ya exconsejero del ramo, Emilio Viciana.
El Gobierno madrileño ha renunciado a seguir adelante con la tramitación de la ley y se ha fijado como prioridad pactar con las universidades un nuevo modelo de financiación plurianual, uno de los principales escollos en la negociación con los rectores de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica.
El cese de Viciana por Isabel Díaz Ayuso ha desencadenado su primera crisis de gobierno, con la dimisión de tres diputados y dos directores generales, y estuvo motivado por la falta de avances en la negociación con los rectores y el rechazo de la comunidad universitaria que convocó dos días de huelga en noviembre pasado, con un 70% de seguimiento y una marcha de más de 6.500 manifestantes contra la Lesuc.
La crisis en la Consejería de Educación ha marcado este jueves el pleno de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta replicó a las críticas de la oposición: “Si iba tan mal la Educación y doy un cambio en la Consejería, ¿entonces también está mal? Aclárese un poco, sea coherente”, ha dicho Ayuso en el hemiciclo, donde ha defendido a Viciana, “un funcionario honrado” rodeado de personas cualificadas.
Presión desde los campus
El cese de Viciana se produjo dos días después de que la Coordinadora Interuniversitaria de las plataformas ‘Por la Pública’ aprobara en asamblea “acciones de baja, media y alta intensidad”, incluida una nueva huelga si la tramitación de la Lesuc seguía adelante.
“Es una gran victoria del movimiento Por la Pública”, han celebrado desde las plataformas, que advierten a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que “no descartan convocar una huelga si persiste la infrafinanciación” de las universidades.
Además, la Coordinadora ha solicitado por escrito reunirse con los rectores de la Conferencia de rectores de Universidades madrileñas (CRUMA) para exponerles la postura de la comunidad educativa y pedirles firmeza en la negociación del nuevo modelo de financiación.
El objetivo es mantener las universidades “en primera línea del debate social para concienciar a la población de que la situación de las universidades madrileñas es insostenible”, con una financiación autonómica de 20 puntos por debajo de la media nacional.
El “estrangulamiento” obligó a la Complutense a pedir un crédito de 34,5 millones a la Comunidad, con intereses de 900.000 euros anuales, y aprobar un Plan Económico-Financiero que recorta un 35 % el gasto de sus facultades durante tres años, mientras la URJC enfrenta un déficit de 45 millones.
Docentes de Derecho de las plataformas han hecho un “informe sobre las inconstitucionalidades” de la Lesuc, que además de vulnerar derechos constitucionales como la autonomía universitaria y las libertades de expresión y reunión, buscaba una “privatización gradual encubierta”, una “instrumentación invasiva” de los Consejos Sociales e incluía “penalizaciones por realizar actividades críticas”, entre otras.
