La Fiscalía Anticorrupción junto a la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil han destapado una nueva trama de corrupción que afecta a personas vinculadas al PSOE y que habrían ocupado cargos de responsabilidad. Los agentes llevan tres días con la operación desplegada con detenciones, imputaciones, registros y requerimientos a varias empresas públicas y ministerios. El alcance de esta nueva red todavía se desconoce y hasta dónde llegarán las implicaciones también.
Lo que está claro es que con esta nueva investigación se va a dar más claridad al personaje de Leire Díez, hasta hace unos meses una absoluta desconocida. El entorno del PSOE quiere limitarla a una antigua “militante” mientras que otros apuntan a que llegó a convertirse en la persona dispuesta a buscar trapos sucios de quienes estaban incomodando al partido y de ahí el apelativo de “fontanera”.
Díez será hoy trasladada con un furgón policial desde la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) hasta la Audiencia Nacional para ser interrogada por el juez Antonio Piña y la Fiscalía Anticorrupción. La exsocialista lleva tres días arrestada por presuntamente formar una organización, junto al expresidente de la Sepi Vicente Fernández Guerrero, de amaños de contratos. Es decir, lo que hay detrás son las irregularidades en la concesión de contratos y cómo pudieron enriquecerse por ello.
Lo que no se sabe por ahora es quién unió a Díez y Fernández. Lo que está comprobado es que ambos llegaron a cargos de empresas públicas pocos meses después de que llegara Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio del 2018.
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Vicente Fernández fue nombrado un mes después del aterrizaje de los socialistas a La Moncloa presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), procedente de la rama andaluza del partido, con María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.
En octubre de ese año, Díez fue designado jefe de comunicación de la empresa pública Enusa (empresa nacional del uranio). Ella venía de la agrupación de Portugalete (Bizkaia), misma procedencia que el actual portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. Llegó a ser concejala pero la clave es cómo dio el salto a un cargo de una empresa estatal. De Enusa saltó a Correos como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, donde estuvo hasta el 2023.
¿Quién fue el valedor de Díez?
Por ahora se desconoce si tuvo algún valedor, quién del partido la propuesta para tales puestos y si han podido tener alguna responsabilidad, más allá de las políticas, de las presuntas irregularidades que pudo haber hecho durante esos años.
Lo que se conoce es que en algún momento de estos años, todavía sin concretar, tuvo relación con el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dijo en privado que actuaba en su nombre pero ahora lo niegan ambos.
Un dato a tener en cuenta es que Cerdán fue encarcelado y está investigado en el llamado ‘caso Koldo’ por cobrar comisiones ilegales usando de tapadera la empresa Servinabar. Y ahora, en esta nueva operación, se investiga cómo Fernández al abandonar la Sepi fue a trabajar a Servinabar -una empresa navarra de no más de una decena de empleados-.
Detenida por sus objetivos
En los últimos meses se ha conocido que este exmilitar habría buscado información contra uno de los jefes de la UCO, Antonio Balas, y contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ahora son la gente de ambos quienes han acabado deteniéndola.
El PSOE se ha desvinculado en todo momento de las gestiones de Díez contra policías, jueces y fiscales en un momento de máxima tensión judicial. Sin embargo, con esta nueva operación anticorrupción, se podrá despejar quién movió los hilos de Díez.
Los dispositivos incautados a los exsocialistas y toda la documentación que se están llevando los agentes tanto en domicilios privados como en empresas, darán luz al trasfondo de esta trama no solo delincuencial sino política.
En la medida que se analizan teléfonos, ordenadores y dispositivos, los agentes tendrán mayor capacidad de entendimiento y sabrán si esta trama está relacionada con alguna otra. Por ahora Díez ha negado la mayor y se ha limitado a decir que ella es periodista y que su trabajo los últimos dos años ha sido de investigación sobre las cloacas del Estado. Este argumento por ahora no está siendo creíble en el otro juzgado que instruye el caso de posibles extorsiones a funcionarios públicos.
Después de lo que pase hoy tras su declaración en la Audiencia Nacional será el momento de que este exmilitante decida si tira de la manta o sigue negándolo todo.
