No cabe la menor duda de que este 2026 va a estar centrado en todas las causas judiciales abiertas, principalmente por corrupción, a personas vinculadas al PSOE o incluso al partido mismo, como los pagos en metálico que investiga la Audiencia Nacional.
El juicio al exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el resto de causas que se siguen instruyendo van a ser la pistola humeante que va a utilizar la oposición y en particular el Partido Popular para seguir con el desgaste a Pedro Sánchez.
Sin embargo, este año el PP va a ver aparecer viejos fantasmas con los que le va a tocar lidiar. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se ejecutaron maniobras parapoliciales que, supuestamente, obedecían a intereses políticos y personales.
El Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, se convirtió en un hervidero de irregularidades y oscurantismo que se acabó descubriendo con la detención del excomisario José Manuel Villarejo.
Este año, estas maniobras van a volver a salir a la luz en tres juicios. En abril arrancará el juicio por la llamada operación Kitchen, en el que se recordarán los sucesos por los que fuera ministro del Interior se enfrenta a quince años de cárcel.
En la operación Kitchen, que se juzga en abril, se juzgará el intento del PP de tapar su contabilidad b
Dentro de cuatro meses se desempolvará la caja b del PP, los pagos a dirigentes con dinero no registrados en el Tribunal de Cuentas y la manera que quisieron ocultarlo.
Se trata de la operación Kitchen: cómo se puso a la policía al servicio del Gobierno para robar los datos sensibles que podrían afectar a Rajoy ya otros miembros de su ejecutivo y que estaban en manos de quien fuera durante años el tesorero y el urdidor de tal mecánica, Luis Bárcenas.
El desencadenante de este caso fue la implicación de éste en el caso Gürtel. Se descubrió que llegó a acumular hasta 47 millones de euros en Suiza. Cuando su situación judicial se hizo insostenible, el PP le dejó caer y ahí empezó la guerra. Fue en ese momento cuando se filtraron a la prensa los apuntes que había hecho Bárcenas con toda la contabilidad paralela y los sobresueldos que se habían pagado a varios de los dirigentes del Partido Popular.
En el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional se verá cómo desde Interior, con Fernández Díaz y su exnúmero dos Francisco Martínez a la cabeza, ordenaron a la cúpula policial dirigida entonces por Eugenio Pino y bajo la inestimable ayuda de Villarejo, montar un operativo parapolicial -como la ha calificado el juez instructor- para sustraer a Bárcenas de toda la documentación que podría perjudicar al entonces presidente del Gobierno.
La clave de este juicio es si Fernández Díaz desvía la atención para defenderse y señala directamente al PP como el ordenante de tal operación.
El juicio de los Pujol tendrá una derivada, la policía ‘patriótica’, cuyos miembros serán llamados a declarar
Quien fuera la secretaría general del partido, María Dolores de Cospedal mantenía contactos con Villarejo, como se ha descubierto a raiz de las investigaciones judiciales y por lo que llegó a estar imputada aunque después se cerrara la causa contra ella. De hecho, el PSOE ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que se la investigue dentro de una pieza del espionaje a Bárcenas.
La llamada policía política, a cuyos miembros les parecían policía “patriótica”, estuvo detrás de varias operaciones.
Además, sus integrantes se protegían los unos a los otros, como ha quedado patente por haber contratado el empresario Javier López Madrid al entonces comisario Villarejo para apuñalar a su dermatóloga, Elisa Pinto. El juicio contra ambos se inicia este mes de enero y en el solo se juzgará la contratación por parte del ex consejero delegado del grupo Villar Mir.
Sin embargo, en la vista volverá a salir cómo desde Interior se conoció la implicación de Villarejo -acusado en otro proceso de ser el autor material del apuñalamiento- y se le buscó protección.
Cuando un comisario, Jaime Barrado, identificó a Villarejo como el autor de apuñalamiento, desde la cúpula policial se le expedientó y apartó del caso y de la Policía y además se dio cobertura a Villarejo desde la cúpula policial para evitar que tuviera que acudir a una rueda de reconocimiento.
El juicio sobre la agresión a la doctora Pinto debe demostrar cómo la policía encubrió a Villarejo
A raiz de la investigación, al número dos de Interior se le requisó el teléfono y ahí aparecieron mensajes de cómo intentó proteger a Villarejo, con quien había contado para hacer diversas operaciones, entre ellas la llamada operación Catalunya.
Esta época oscura de la Policía auspiciada por Interior también se verá las caras con la justicia, aunque en esta ocasión serán como testigos -Villarejo entre otros- para explicar cómo, porqué y bajo la orden de iniciaron una investigación a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, después de que el tribunal que juzga esta causa haya admitido, a petición de las defensas, que se escuche a los supuestos integrantes de la policía “patriótica” para determinar qué papel jugaron en la obtención de pruebas que incriminaron a dirigentes independentistas.
La gestión de la dana, el caso Montoro o el fraude de González Amador
En este año judicialmente convulso seguirán las instrucciones de casos que afectan a ambos partidos, PSOE y PP. De un lado, el goteo seguirá siendo constante con casos de corrupción como los de los exsocialistas Leire Díez, Santos Cerdán, los pagos en metálico del partido de Pedro Sánchez, el recate de Plus Ultra, o la esposa del presidente Begoña Gómez.
Y por el otro lado, el PP también sufrirá el desgaste judicial. La instrucción del caso de la dana cada vez cerca más al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón y ha salpicado de lleno al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que debe declarar como testigo el próximo viernes día 9 para aclarar cuáles fueron sus llamadas con Mazón el día del desastre.
En este nuevo año además se espera que se reactive la instrucción contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para utilizar su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy para llevar a cabo reformas legislativas ad hoc para beneficiar a clientes del despacho que él mismo fundó. Y por último, en este 2026 se prevé que se celebre el juicio por fraude fiscal y falsedad documental de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tanto ha dado de sí por la condena al exfiscal general del Estado por filtrar a la prensa datos confidenciales sobre ese fraude. Además, tiene abierta otra pieza para saber si el grupo hospitalario Quirón favoreció con contratos a González Amador, previo pago de este.
