Más de 457.000 ciudadanos europeos han firmado una petición pidiendo la suspensión total del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel dentro del primer mes de la iniciativa.
Lanzada el 13 de enero como una iniciativa ciudadana europea registrada formalmente, la petición debe alcanzar 1 millón de firmas de al menos siete estados miembros de la UE antes del 13 de enero del próximo año para iniciar la consideración formal por parte de la Comisión Europea. No es un llamamiento simbólico. Es un mecanismo integrado en el marco democrático de la UE, diseñado para traducir la voluntad pública en revisión institucional.
La velocidad y la extensión geográfica de esta movilización son importantes. La exigencia de suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel ya no se limita a manifestaciones callejeras o círculos activistas. Ha entrado en la arquitectura democrática formal de la UE.
La petición pide la suspensión basándose en que Israel viola el artículo 2 del acuerdo de asociación, que condiciona la asociación al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. Como dice la iniciativa, “los ciudadanos de la UE no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuya a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”. El texto cita además asesinatos de civiles a gran escala, desplazamientos, destrucción de hospitales e infraestructura médica en Gaza, el bloqueo de la ayuda humanitaria y el incumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.
Hasta el lunes, la iniciativa había reunido 457.950 firmas, más del 45 por ciento del total requerido en apenas un mes. Los firmantes provienen de los 27 estados miembros de la UE sin excepción. Este no es un aumento regional. Es continental.
La distribución de firmas revela más que cifras brutas. Sólo Francia cuenta con 203.182 signatarios, casi el 45 por ciento del total. Esa cifra refleja la larga tradición de movilización solidaria del país, las manifestaciones masivas sostenidas durante la guerra genocida en Gaza y el claro posicionamiento de los principales actores políticos, como La France Insoumise. Francia se ha convertido en el principal motor de este impulso institucional.
Le sigue España con 60.087 firmas, mientras que Italia se sitúa en 54.821, una cifra especialmente llamativa dada la presencia de un gobierno de derecha que apoya abiertamente a Israel. Bélgica ha registrado 20.330 firmas de una población de aproximadamente 12 millones, lo que refleja un alto compromiso relativo. En la región nórdica, Finlandia con 12.649 firmas, Suecia con 15.267 y Dinamarca con 8.295 muestran una participación sostenida. Irlanda ha alcanzado 11.281 firmas de una población de poco más de cinco millones.
Varios de estos países ya han superado los umbrales nacionales requeridos según las normas de la UE. Francia, España, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia y Suecia han superado el número mínimo necesario para que sus firmas cuenten para el requisito de siete Estados miembros. Este es un avance crítico. Significa que la iniciativa no sólo está acumulando volumen sino que también ya satisface los criterios de legitimidad geográfica incorporados en el mecanismo de iniciativa ciudadana europea.
Los Países Bajos, con 20.304 firmas, se acercan a su umbral nacional. Polonia, con 22.308 firmas, refleja un compromiso que se extiende más allá de Europa Occidental. Incluso en estados más pequeños como Eslovenia con 1.703 firmas, Luxemburgo con 900 y Portugal con 4.945, la participación es visible y mensurable.
Alemania presenta un contraste revelador. A pesar de ser el estado miembro más poblado de la UE y el lugar de algunas de las mayores manifestaciones contra la campaña genocida de Israel en Gaza, la petición ha reunido 11.461 firmas alemanas, sólo el 17 por ciento del umbral nacional de Alemania de 69.120. Esta brecha entre la movilización callejera visible y la participación institucional formal resalta el entorno político y legal particular en Alemania, donde la expresión propalestina ha enfrentado restricciones y donde los sucesivos gobiernos han mantenido un apoyo casi incondicional a Israel como una cuestión de política estatal. El porcentaje relativamente bajo no indica ausencia de disenso. Más bien, ilustra las limitaciones estructurales dentro de las cuales opera la disidencia. Sin embargo, el hecho de que más de 11.000 ciudadanos hayan registrado formalmente su apoyo indica que el compromiso institucional se está produciendo incluso en condiciones de presión política.
En conjunto, estos patrones revelan algo más profundo que el impulso de una petición. Durante más de dos años de guerra genocida, limpieza étnica y destrucción sistemática de la vida civil en Gaza, la solidaridad en toda Europa no se ha disipado. Ha pasado de consignas de protesta y movilización callejera a un instrumento democrático formal que exige una respuesta institucional.
Las peticiones no cambian automáticamente la política. La Comisión Europea no está legalmente obligada a suspender el acuerdo de asociación, incluso si la iniciativa finalmente alcanza el millón de firmas. Pero las implicaciones políticas son significativas. Una iniciativa exitosa obligaría formalmente a la Comisión a responder a una demanda basada en la propia cláusula de derechos humanos de la UE. Demostraría que el llamado a la suspensión tiene sus raíces en un apoyo público amplio y mensurable en varios estados miembros.
La Unión Europea se ha presentado durante mucho tiempo como una potencia normativa comprometida con el derecho internacional y los derechos humanos. El artículo 2 de sus acuerdos de asociación es fundamental. Si cientos de miles, y potencialmente más de un millón, de ciudadanos europeos insisten en que este principio se aplique de manera consistente, las instituciones de la UE enfrentarán una prueba de credibilidad.
Esta petición no es simplemente un recuento de firmas. Es un índice de voluntad política. Muestra que en Francia, España, Bélgica, Italia, Irlanda, los Estados nórdicos y más allá, los ciudadanos están invocando los propios mecanismos democráticos de la UE para exigir rendición de cuentas.
Si la iniciativa finalmente llega a 1 millón, una realidad ya está establecida. La exigencia de suspender la asociación UE-Israel ha entrado en el torrente sanguíneo institucional de Europa. Ya no se puede descartar como retórica marginal. Está integrado en el proceso democrático formal de la unión y eso marca un avance significativo en la respuesta de Europa al genocidio en Gaza.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.
