La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las tres acusaciones particulares y las populares personadas en el juicio por la denominada ‘trama eólica’ ha anunciado este miércoles su decisión de mantener los cargos contra una vez de las catorce personas encausadas y, en cambio, ja … acordado sacar de la causa a los directivos de Iberdrola Rafael Icaza de la Sota y Pedro Barriuso Otaola, que se exponían seis años de cárcel y multas de 100 millones de eurosasí como al directivo de Preneal César Hernández Chico, para quien se solicitaban siete años de privación de libertad y 1.880.000 euros de sanción pecuniaria.
La jornada en la Audiencia de Valladolid tan sólo ha servido para que las partes dieran por reproducida la prueba documental y anunciaran una modificación de sus conclusiones. El primero de ambos trámites se ha dilatado durante casi hora y media ante el afán del Fiscal Anticorrupción de citar aquellos documentos que, a su juicio, son especialmente relevantes para probar la participación en los hechos de los acusados, si bien ha sido eximido de ello, a petición de las defensas, cuando llevaba ya casi una hora de intervención.
Lo más trascendente de la sesión se ha producido cuando el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, en una decisión a la que luego se han ido adhiriendo el resto de las acusaciones, ha anunciado su propósito de apartar del proceso a los dos citados directivos de Iberdrola y al técnico de Preneal, quienes, junto con sus defensores, ya no continuarán en sala durante la exposición de los informes finales que iniciará ya este jueves, 8 de enero, el acusador público y al que seguirán los del resto de partes en días sucesivos hasta el 21 de este mismo mes, con lo que el proceso judicial finalizará una semana antes de lo inicialmente previsto.
También ha modificado conclusiones la Abogacía del Estado, tan sólo para advertir de que ya no imputa al principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su supuesto testaferro, el letrado Jesús Rodríguez Recio, por tres delitos contra la Hacienda Pública sino por dos, concretamente por los referidos a los ejercicios de 2022 y 2013, tras excluir el relativo a 2011. Hecha esta matización, la cantidad económica que solicita para ambos encausados también ha sido modificada a la baja y ha quedado reducida a 339.603,8 euros en total.
Por su parte, las tres acusaciones particulares ejercidas por Enersol, Inversiones Patrimoniales Yedra SL y Altos del Rasero, así como la popular que representa a Ecologistas en Acción, han mostrado su adhesión a la retirada de cargos contra las tres personas ya citadas, mientras que las defensas han mantenido su petición absolutoria con leves modificaciones, como los letrasdos de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, de Grupo Collosa, quienes han incluido la prescripción y la atenuante de dilataciones indebidas.
En el caso de Miguel Ángel y Alejandro Llorentesu defensor, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la petición de dilataciones indebidas, como atenuante muy cualificada, en el hecho de que la causa se ha dilatado más de ocho años desde que el Fiscal Anticorrupción interpusiera la querella, «a lo que se suman otros dos años más de investigación preprocesal por parte del acusador público de espaldas a ambos acusados, a quienes, además, se incorporó con un retraso injustificado», circunstancia que le ha llevado a invocar la nulidad de actuaciones.
El abogado ha denunciado públicamente el fruto de esta situación. la empresa de sus patrocinados ha sufrido un «efecto demoledor» al registrar «numerosas pérdidas de oportunidades empresariales». Tanto él como la representación del otro de los hermanos, Patricio Llorente, entienden que ninguno de ellos debe ser incluido en el capítulo de responsabilidades civiles por delito de cohecho al no haber, a su juicio, causado ningún daño patrimonial.
Del resto de defensas destaca la solicitud realizada por EDP Renovables, cuyo representante, además de un fallo absolutorio, ha pedido al tribunal que en caso de sentencia condene en costas a dos de las acusaciones particulares, Enersol y Yedra SL, por «temeridad y mala fe».
De este modo, una vez excluidos de la causa tres de los catorce encausados, las penas globales solicitadas para ellos pasan de 135 a 116 años y las multas quedan rebajadas de 850 millones a unos 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública–no todos los ocupantes del banquillo están imputados por todos los delitos–, con la particularidad de que la mayor de ellas sigue siendo la dirigida contra el exconsejero y exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y multa de 239 millones.
Le siguen el empresario alberto esguevacon doce años y 68 millones de multa; el industrial alemán José Martín Giraldo.con la misma pena de cárcel y 14,5 millones; el supuesto testaferro de Delgado, jesus rodriguez Recio, con diez años y medio y 25 millones de multa.
Por su parte, y expuestos a seis años de prisión, la lista la completan el exdirectivo de Iberdrola Ricardo Bravo -le piden 100 millones de multa–, los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente- la petición de multa para cada uno es de 45 millones- y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, al que se piden 8 millones. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.
