Esta semana – el jueves- vence el plazo para que el Ejecutivo envíe al Congreso el DNU de Inteligencia firmado el último día del año. A partir de ese momento la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para tratarlo pero, a pesar de los reclamos de la oposición, Martín Menem y Victoria Villarruel todavía no conformaron la comisión que debe tratarlo.
Tanto desde UP como desde el interbloque Unidos cursaron cartas para “solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
La deben integrar 8 senadores y 8 diputados, por lo que la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y su par de la Cámara Baja, Martín Menem, deben firmar una resolución conjunta informando los nombres. Pero en el Congreso hasta las autoridades parlamentarias y administrativas están en receso y no hubo movimiento.
Lo cierto es que una vez cumplidos los 10 días hábiles destinados a que la Bicameral lo trate, Cualquiera de las Cámaras puede someterlo a votación con o sin dictamen previo de comisión. Sería la primera semana de febrero.
Aunque seguramente el oficialismo desatara una discusión técnica si el presidente Javier Milei no incorpora el DNU en el temario de la nueva convocatoria a extraordinaria que se espera que sea inminente.
La norma indica que en extraordinarias el Congreso sólo puede tratar los temas que el Presidente enumere en su convocatoria a extraordinarias. Sin embargo, la Bicameral de Trámite Legislativo es la única habilitada a funcionar en receso porque la facultad de controlar al Ejecutivo -que sacó el DNU en el único mes en que el Congreso está cerrado- no se toma vacaciones.
“El Congreso no puede depender de que el Ejecutivo lo habilite, o no, a controlarlo”, advierte un hombre experimentado del Senado.
La misma discusión se dio en 2025 con el mega DNU 70 en diciembre de 2023. Aunque el Senado lo rechazó en Diputados no se trató, con lo cual el decreto sigue vigente, salvo por las modificaciones -como las de implicancias laborales- que la Justicia suspendió.
Pese a los intentos realizados durante el último año para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, no se introdujeron cambios. Actualmente, un DNU solo puede ser anulado si es rechazado por mayoría simple en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, con la presencia de los 257 legisladores, se requieren 129 votos para su rechazo.
El único antecedente en la historia en el que el Congreso rechazó un DNU presidencial ocurrió en 2024, cuando la oposición le anuló a Milei el decreto que aumentaba en 100 mil millones de pesos el presupuesto destinado a gastos reservados de la SIDE. Hasta el PRO votó en contra.
Más allá de si el contenido del decreto le agrada, o no, a los legisladores, la ley de DNU establece que la Bicameral de control debe expedirse “acerca de la validez o invalidez del decreto” y expresamente sobre la “adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
En ese sentido, los legisladores que reclaman el tratamiento del decreto señalan que no cumple los requisitos porque no hubo “necesidad ni urgencia” para dictado del DNU y “no existió una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley”.
También apuntan a que legisla sobre materia prohibida. La Constitución le impide al Ejecutivo sacar decretos sobre materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. “El decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación”, señaló el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
A sabiendas de los impedimentos parlamentarios para avanzar con el rechazo, dirigentes de la Coalición Cívica, el socialismo, la UCR y agrupaciones como el CELS presentaron amparos ante la Justicia para que el decreto sea declarado nulo y no se aplique.
Sin embargo, deben esperar que la fiscalía del fuero contencioso administrativo decida la habilitación de la feria judicial para tratar el tema. El CELS lo solicitó afirmando que el asunto “no admite demoras” por la gravedad institucional y la afectación actual o inminente de derechos constitucionales.
