El Pacto Histórico se convirtió oficialmente en el primer partido político que sale a defender la controvertida declaratoria de estado de emergencia económica y social, decretada desde la noche del lunes por el presidente Gustavo Petro. La movida ha sido cuestionada por distintos sectores y se ha unido a la oposición para presentar demandas y tutelas en contra de esto.
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Sin embargo, el ahora partido político cerró filas a favor del primer mandatario y su cuestionada propuesta. “El Pacto Histórico expresa su respaldo pleno y responsable al decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica y social por treinta días, con el fin de adoptar medidas urgentes de financiamiento del presupuesto general de la nación y proteger derechos fundamentales”, dijo la colectividad.
El recién creado partido de izquierda hizo eco a los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para emitir el decreto con el que busca cubrir los 16 billones de déficit del presupuesto para el 2026.
“La declaratoria responde a una crisis fiscal estructural, a riesgos graves para la sostenibilidad macroeconómica ya amenazas directas sobre derechos esenciales, que no podían ser enfrentadas por las vías ordinarias”, expresó el Pacto, que añadió que la medida “se ajusta plenamente al artículo 215 de la Constitución, a la Ley Estatutaria 137 de 1994 ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
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En ese sentido, indicó la colectividad que la emergencia económica. “es necesaria, proporcional, temporal, no suspende derechos y está sometida a control constitucional”.
El Pacto Histórico, al igual que el mandatario colombiano, responsabilizó al Congreso por haber hundido la reforma tributaria. Reconoció que hay una crisis fiscal, pero apuntó al Legislativo por su decisión de no fijar nuevos impuestos para el próximo año.
“La crisis se agravó por el desfinanciamiento del PGN 2026, tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso, pese a que más del 93% del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, indicó el Pacto.
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En ese comunicado aseguraron que el no a la tributaria “puso en riesgo real la prestación de servicios públicos esenciales y la garantía de derechos como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a las víctimas y la seguridad ciudadana”.
En ese sentido justificaron la acción de emitir una emergencia económica y saltarse la decisión del Congreso ya que, supuestamente, “la inacción habría tenido consecuencias irreparables para el país”.
Por último, le pidieron a la Corte Constitucional “valorar la procedencia y necesidad de la declaratoria, teniendo en cuenta que la rigidez normativa y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios impedían una respuesta eficaz”.
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La postura del Pacto Histórico va en contravía de varios sectores del país político. Estos han calificado como autoritaria la postura del Presidente, pues se saltó la decisión del Congreso de no establecer nuevos impuestos. Al mismo tiempo señalaron que el Ejecutivo estaría abusando de los estados de excepcionalidad fijados por la Constitución.
El registrador Penagos explicó los retos de la entidad. Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
