La Audiencia de Valladolid celebra desde este martes el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de … someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que Suman más de 112 años de cárcel.
El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por EP.
De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.
La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, LCP, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se exponen a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, MAPG, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, MGG, HJAA y JRA, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización también tendría que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.
A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada LCP, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.
Fotos en lencería o semidesnudas
El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.
La propia acusaba asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertadas ‘Lorena’, fijando el import, la duración y contenido del servicio sexual contratado.
las victimas Tenían que estar disponibles las 24 horas del día.arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo regresar inmediatamente al mismo si fuera requerido para ello por la presencia de algún cliente.
Charla ‘Nicole Relájate’
Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de whatsapp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono de la importación del taxi que utilizaría la víctima, que hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibirían una pequeña cantidad para poder vivir.
La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.
Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en letras, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.
Distribución de drogas entre clientes
En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiestas, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuiría droga.concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar éste servicio, no participaban del generado beneficio, que reconocía únicamente a la acusada.
En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado JRA, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, comenzó a tomar de protección más eficaz para evitar ser responsable, llegado el caso, de la actividad narrada.
A partir de ese momento, sería su prima y también acusada MAPG, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.
En las tareas de captación de mujeres participaban también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales MGG, y el varón HJA, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.
