En un contexto de acusación cruzadas, y un ambiente más tenso que de costumbre -si cabe-, la bancada popular en el Congreso acusó ayer miércoles en varias ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de conocer el presunto abuso sexual por parte del máximo responsable de la Policía Nacional, José Antonio González, a una agente del cuerpo, de taparlo y de proteger al presunto agresor. El titular de Interior defendió “desconocer” los hechos hasta que se llevaron ante la justicia el martes y emplazó a los populares a decir lo que habían dicho en la Cámara “fuera” de la misma si eran “tan valientes”. Además puntualizó que los hechos eran de “tal gravedad” que no estaba dispuesto a “asumir calumnias de ese tipo”.
Minutos más tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más allá y espetó que “a diferencia del principal partido de la oposición” él sí podía decir que el PP había tapado un caso de acoso sexual, el del alcalde de Móstoles a una trabajadora de su ayuntamiento: “lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, porque es la verdad”, sentenció. En la misma intervención instó a los diputados populares a repetir sus declaraciones al “salir de aquí”, porque entonces se verían “en los tribunales”. ¿Pero por qué?
La explicación está en el artículo 71.1. de la Constitución Española que recoge que “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Ello implica que los parlamentarios no pueden ser perseguidos judicialmente por lo que dijeron en el Congreso o en el Senado. Sin embargo, esta medida no aplica a declaraciones que puedan hacerse fuera de las cámaras legislativas. Por eso, tanto Marlaska como Puente invitaron a que esas acusaciones se formularan lejos de los micrófonos del Congreso.
En este hipotético caso, si un diputado del PP repitiera que Marlaska conoció los hechos y los encubrió, le estaría acusando de cometer un delito. Por lo tanto, el ministro tendría la posibilidad de interponer una denuncia por calumnias contra el diputado. Ya que este le estaría imputando un delito, y sería la justicia la encargada de determinar si se cometió o no.
El PP recoge cable
En la mañana de este jueves, 24 horas después del acalorado intercambio de acusaciones en el Congreso el PP ha matizado su discurso. Si bien mantiene que el titular de Interior debe dimitir, ahora dicen que no saben si “conocía o no” la denuncia. No solo cambia el mensaje respecto a la sesión de control, sino que cambia el escenario. Estas declaraciones de la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, se han hecho en RNE, por lo que no quedan amparadas por la “inviolabilidad” parlamentaria, lo que exige ser mucho más cauteloso. Sin embargo, los populares se han reafirmado en que el ministro tiene la “responsabilidad de conocer qué ocurre”.
