Especialistas en derecho parlamentario advierten que un legislador no puede fijar por sí mismo cuánto cobra. El monto lo define la autoridad de la Cámara o el pleno del cuerpo y no puede haber diferencias entre senadores.
La discusión sobre las dietas de los legisladores volvió a instalarse en el Congreso y abrió una pregunta jurídica de fondo: ¿Puede un senador decidir no cobrar su dieta o percibir un monto menor? La respuesta, según especialistas en derecho parlamentario, tiene matices. Un legislador puede disponer del destino de sus ingresos, pero no tiene potestad de fijar unilateralmente cuánto debe cobrar.
El monto de las dietas no depende de la voluntad individual de cada senador. Esa facultad recae institucionalmente en la conducción del Congreso. De acuerdo con la normativa vigente, los presidentes de ambas cámaras tienen atribuciones para definir o actualizar las dietas, en el marco del decreto-ley 22.994, aunque el pleno de cada cuerpo también puede intervenir mediante resoluciones propias.
En ese esquema, un senador no puede decidir por sí mismo cobrar menos o más que sus colegas. En el derecho parlamentario rige el principio de igualdad entre los legisladores, que establece que todos los integrantes de una cámara deben tener los mismos derechos y obligaciones en el ejercicio de sus funciones.
Victoria Villarruel Senador
Mariano Fuchila
Polémica por las dietas: qué dice la ley sobre si un senador puede renunciar a su sueldo
Ese principio implica que no puede haber diferencias en el monto percibido por un legislador respecto de otro. De acuerdo con la doctrina parlamentaria, cualquier modificación individual rompería la igualdad entre los miembros de la Cámara y generaría un precedente complejo institucional.
Todos los legisladores se incorporan a sus respectivas cámaras en un plano de paridad absoluta, independientemente de su partido político, del tamaño del distrito que representan o de su trayectoria previa.
En ese sentido, permitiría que cada senador defina cuánto cobrar implicaría crear diferencias dentro del mismo cuerpo legislativo. Los especialistas advierten que una dinámica de ese tipo podría derivar en un escenario irregular, en el que cada legislador establece su propio esquema de ingresos.
Distinto es el caso del destino de esos ingresos una vez percibidos. Una vez depositada la dieta, el legislador tiene plena libertad para disponer de ella. En la práctica, varios diputados y senadores han optado por donar total o parcialmente a organizaciones sociales, fundaciones o instituciones públicas.
La discusión volvió a cobrar fuerza en medio de la polémica por el aumento de las dietas en el Senado y las declaraciones de la vicepresidenta. Victoria Villarruelquien tomó distancia de la decisión y señaló que la Cámara alta no fue la que definió el monto.
En ese contexto, surgió la posibilidad de que cada legislador informe si desea o no cobrar el incremento. Sin embargo, los especialistas advierten que un esquema de este tipo podría generar tensiones con el principio de igualdad que rige la actividad parlamentaria.
Por eso, más allá de los gestos políticos individuales, la discusión sobre las dietas sigue siendo una decisión institucional. El monto lo define el Congreso como cuerpo, no cada senador por separado. Después, lo que cada legislador haga con ese dinero ya pertenece al terreno de las decisiones personales.
