La creacion de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), a partir del 1.° de marzo del próximo año —cuya conformación implicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas las emitidas con multas de extradición— es el principal compromiso alcanzado entre el Gobierno y el ‘clan del Golfo’, la organización armada más grande del país, tras el segundo ciclo de conversaciones en Doha (Catar).
El anuncio, sin embargo, deja muchas preguntas en el aire, pues este es uno de los tantos espacios de conversación sociojurídica en el marco de la ‘paz total’ que están sujetos a la aprobación de la controvertida ley de sometimiento radicada por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la cual se encuentra estancada y con pocas probabilidades de avanzar en el Congreso. Es decir, a día de hoy, no hay marco jurídico claro para el sometimiento del ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Desde Catar, el Gobierno de Colombia y el autodenominado (a) EGC suscribieron nuevos compromisos. Foto:Consejería Comisión de Paz.
“Estas Zonas de Ubicación Temporal fueron concebidas para que los combatientes de los distintos grupos armados que están en mesas de diálogo con el gobierno se concentran y desde ahí inicien el tránsito a la vida civil.. En este caso particular, la situación es compleja porque el CGA adelanta con el Gobierno Nacional una mesa de diálogo sociojurídico y en este momento no hay un marco normativo o una ley que regule el sometimiento o la sujeción de estos grupos a la justicia”, señaló luis fernando trejosinvestigador en temas de seguridad y profesor de la Universidad del Norte.
Las delegaciones en cabeza de Álvaro Jiménez —mano derecha de Otty Patiño—, y Luis Armando Pérez Castañeda que, antes del 3 de febrero de 2026, se deberán definir los protocolos correspondientes al funcionamiento, seguridad, logística, ruptura, tránsito, seguimiento, monitoreo y verificación; resolución de controversias; comunicaciones; material de guerra; pedagogía y otros aspectos que se consideran necesarios para avanzar en las ZUT.
El proceso, en el que no se descarta la incorporación de nuevas zonas, incluiría como la suspensión de órdenes de captura, incluidas las emitidas con multas de medidas de extradición, con el propósito de “brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes durante el transcurso del desplazamiento hacia las ZUT”.
José Otty Patiño Hormaza, comisionado para la paz. Foto:MAURICIO MORENO
Para la ejecución, se expedirá un acto administrativo de constitución de las ZUT, con la definición concreta de los lugares rurales específicos y determinados de ubicación de las ZUT, y la entrega al Consejero Comisionado de Paz del listado inicial de combatientes que ingresarán.
“En términos prácticos este nivel de avances logrados en dos o tres meses desde que iniciaron las conversaciones, es muy superior al de todas las otras mesas de conversación de la paz total. Estamos ante un proceso que tiene una posibilidad de avanzar y crear unos precedentes concretos para que un próximo gobierno pueda continuarlo.“, comentó Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Ahora bien, para Leonardo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Zonas de Ubicación Temporal pueden ser un instrumento útil para ordenar la desmovilización del autodenominado EGC, pero su ubicación en territorios históricamente dominados por economías ilegales y por disputas armadas genera un riesgo evidente: que la concentración de combatientes termine fortaleciendo o normalizando formas de control sobre las comunidades ilegales. “Clave la verificación civil y del ministerio público que acompaña a la población”, dijo.
El ‘clan del Golfo’ es el grupo criminal con más integrantes en Colombia. Foto:archivo particular
El restablecimiento de los acercamientos entre el Gobierno y el ‘clan del Golfo’ ocurrió el pasado 8 de agosto, un año después de que el presidente Gustavo Petro firmó la resolución con la que autorizaba la instalación de la mesa de diálogo y designaba a Álvaro Jiménez, mano derecha de Otty Patiño, como negociador.
Además de la creación de las tres zonas, se acordó ampliar el área de acciones piloto de la etapa de consolidación de confianza, a los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar). Estos municipios se suman a los municipios de Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Ríosucio y Unguía (Chocó), previamente definidos en la declaración del 18 de septiembre de 2025.
Dentro de los nuevos compromisos se menciona también que el Gobierno, la MAPP/OEA y los representantes del (a)EGC adelantarán supuestas acciones humanitarias para conocer “las condiciones de salud y dignidad de las personas pertenecientes al (a)EGC recluidas en centros penitenciarios y carcelarios del país y del exterior, al hacer parte integral del proceso de conversación sociojurídico“.
El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de fin de curso de oficiales. Foto:Presidencia
“Todas las negociaciones que hace el Gobierno Nacional con grupos armados ilícitos, se hacen con presencia de gobiernos extranjeros. Aquí se firma segundo acuerdo con expansión a 10 municipios en el Darién, Córdoba y Montes de Bolívar con el EGC. La mediacion la hizo el emirato de Qatar y en Doha se firma”, expresó el presidente Gustavo Petro, en un intento por contrarrestar golpes mediáticos tras la revelación de presuntos vínculos de las disidencias de alias Calarcá con altos mandos del Estado.
“Todas las negociaciones que realiza el Gobierno Nacional con grupos armados ilícitos se hacen con presencia de gobiernos extranjeros. Aquí se firma un segundo acuerdo, con expansión a 10 municipios en el Darién, Córdoba y Montes de María, con el EGC. La mediación la hizo el emirato de Catar y en Doha se firma”, expresó el presidente Gustavo Petro, en un intento por contrarrestar los golpes mediáticos tras la revelación de presuntos vínculos de las disidencias de alias Calarcá con altos mandos del Estado.
Presentación de los compromisos en Catar. Foto:Consejería Comisión de Paz.
En ese sentido, Arias considera que, con el anuncio de las Zonas de Ubicación Temporal, el Gobierno quiere acelerar como dé lugar las mesas de diálogo. “Esto responde más a un afán de elevar el nivel de resultados de la paz total”, opinó. Arias citó el ejemplo del Frente 33 de las disidencias de las Farc, cuya Zona de Ubicación Temporal fue anunciada en abril y hasta ahora no ha sido posible implementarla por cuestiones jurídicas y condiciones del mismo conflicto.
“Si el nivel de compromiso es alto de ambas partes, es factible que se inicie un proceso de ubicación de algunas personas o algunas unidades del clan del Golfo, pero definitivamente este proceso no va a terminar con este gobierno”, agregó Arias.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
