Un “mico” en el decreto 1474 de 2025, que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica, provocó una rebelión de los gobernadores.
Este jueves, 24 horas después de que la Corte Constitucional no aplicó la medida cautelar al controvertido decreto madre de la emergencia que según expertos carece de sustento jurídico pues sería una tributaria por escritorio, fue convocada una sesión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos en la cual se puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad -no cumplir una disposición por expresa violación de la Constitución- frente a varias de las medidas decretadas por el Gobierno en la emergencia económica que, en concepto de mandatarios regionales, “resulta desproporcionada y vulnera principios constitucionales”.
Cumbre de la FND para rechazar la emergencia económica. Foto:FND
“Los gobernadores estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia. se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”, sostienen los mandatarios regionales en un comunicado.
No deja de ser llamativo que los mandatarios regionales –al menos 17 están alineados en ese sentido– usen esta figura, ya empleada por el Ejecutivo en la que fue una de las mayores crisis institucionales de este siglo.
Esta fue la carta de los gobernadores enviada al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:archivo particular
La excepción de inconstitucionalidad fue aplicada por el Gobierno Nacional para desconocer el ‘no’ del Senado frente a la consulta popular, la carta que usó para revivir la reforma laboral y decretarlo por la derecha. Esta directriz, actualmente está en estudio en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y, aunque al derogarse se considera como un “hecho superado”, lo más probable es que los tribunales se pronuncien de fondo sobre este acto, tachado de arbitrario por diferentes sectores políticos y jurídicos. Los mandatarios podrían estar expuestos incluso a ser demandados por prevaricato.
Por tal razón, están estudiando cuidadosamente a qué figura acudir para evitar cumplir con la directiva del Ejecutivo que hasta que el alto tribunal no tome una decisión de fondo. Por eso, también buscan un espacio en la Corte para exponer sus argumentos. Las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta serán los voceros.
Uno de los argumentos de los mandatarios regionales es que esa emergencia económica está disfrazada de una reforma tributaria, a pesar de que esa iniciativa del Ejecutivo fue negada por el Congreso. Las comisiones económicas rechazaron la iniciativa a comienzos de diciembre del año anterior. Según Rendón, con esa emergencia económica el Gobierno busca “pasar por la galleta” las facultades del Legislativo, que es el único ente legítimo para crear y legislar sobre tributos.
Decreto Petroemergencia económica Foto:Presidencia
“Al emitir decretos que alteran los impuestos bajo una emergencia que el gobernador considera desproporcionada, se estaría vulnerando la separación de poderes y la autonomía de las regiones”, señaló el mandatario departamental, una de las cabezas de esta rebelión.
Mientras que la gobernadora del Tolima señala que la discusión va más allá de la emergencia e insiste en que se está violando la autonomía territorial de la que habla la Constitución de 1991.
“La discusión no puede limitarse solo a la emergencia. Es indispensable que la Corte tenga en cuenta la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos”, señaló la gobernadora.
Uno de los puntos más cuestionados por la mandataria fue el artículo 15, párrafo segundo, el cual explicó que limita el recaudo departamental al establecer que todo ingreso que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 debe ser transferido a la Nación.
“Esto es inconcebible. Se está castigando la gestión territorial, porque cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”, insistió la mandataria.
Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, lo contemplado en este decreto tiene efectos negativos en las finanzas regionales, hoy algunas por el centralismo, “lo que se traduce en una afectación a los derechos fundamentales que tienen la salud y la educación y por eso vamos a poner también una tutela”.
La reaccion del Gobierno
En medio de la polémica, el Gobierno Nacional rechazó la actitud de los mandatarios regionales. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los gobernadores están dando “mal ejemplo”.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores están invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función; si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo el jefe de la cartera política.
El ministro Armando Benedetti le respondió a los 30 exmagistrados. Foto:Ministerio del Interior
Además, El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció acciones legales contra los gobernadores. “Un exabrupto jurídico ese anuncio. De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno. De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del Decreto cuestionado. ¿Será que pretenden desconocerlo vía excepción de inconstitucionalidad? Cosa que tampoco es legítimo invocar para el caso que nos ocupa. Se estarían abrogando competencias ajenas y desconociendo la Constitución Política”.
Es un giro de discurso del Gobierno, que cuando emitió su controvertido decretazo de la consulta popular fue acusado de pasar por encima del poder judicial.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política
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