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Un “reciclaje de impunidad”.
Así calificó la ONG Provea la designación del nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien llevaba en el cargo 12 años.
El anuncio se hizo este miércoles y para las organizaciones de derechos humanos en seguida se descubrieron las alarmas debido al historial de este militar sancionado por varios países por acusación relacionada con corrupción y violaciones de los derechos humanos.
Tras el ascenso de Rodríguez a la presidencia temporal en enero, González López fue nombrado jefe de la Guardia de Honor Presidencial, así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Donde más tiempo estuvo al frente de la Inteligencia nacional como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en dos ocasiones: entre 2014 y 2018; y entre 2019 y 2024.
En 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, es sancionado de modo personal por Estados Unidos como “responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos”.
La reacción de Nicolás Maduro fue nombrarlo ministro del Interior, “para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional”. En ese cargo estuvo entre 2015 y 2016, sin dejar su puesto en el Sebin.
Y es precisamente por su actuación en ese cuerpo de seguridad que recibe sanciones de la Unión Europea ya que, según la entidad, durante su gestión, “funcionarios bajo su autoridad máxima cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide”.
Como explica a BBC Mundo la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, “designarlo ministro de Defensa, en la práctica implica mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por gravísimas violaciones de Derechos Humanos, incluidas tortura o detenciones arbitrarias”.
Por su parte, el venezolano Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló a BBC Mundo que el nombramiento de González López es “una terrible señal para posibilidad de una transición a la democracia, un espaldarazo a la impunidad” ya que, asegura, no había “un candidato peor o con más acusación encima de violaciones de derechos humanos”.
“Es el funcionario sobre el que hay más evidencia en graves crímenes contra la humanidad”, destaca Uzcátegui.
Dentro del historial de González López hay tres hitos que destacan y por los que ha sido cuestionado o sancionado.
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Operación de Liberación del Pueblo (OLP)
La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue la propuesta de mano dura del gobierno de Nicolás Maduro en 2015 contra uno de los principales problemas de Venezuela en ese momento: la violencia.
Supuso un despliegue de fuerzas especiales y militares que incluye una toma temporal de zonas concretas de varias localidades del país, con foco especial en Caracas. Para ese momento, la capital era la ciudad con más asesinatos del mundo, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Nunca hubo ningún documento oficial y público que detallara su metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Y la OLP golpeó especialmente en los barrios más pobres, los más violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los policías son el enemigo de las bandas. Para ese entonces, según las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2,6 agentes morían cada semana sólo en Caracas.
La OLP tenía una metodología de acción bien definida, de acuerdo con los relatos que en su momento dieron los familiares de las víctimas a Daniel García Marco, entonces corresponsal de BBC Mundo en Venezuela.
Las operaciones solían ocurrir de madrugada oa primera hora de la mañana, según contaba entonces Araceli, familiar de una de las víctimas.
Los agentes “entran encapuchados, toman la zona como si hubiera una guerra, con helicópteros, drones (…) y empiezan a tumbar puertas”, relató.
Los objetivos de la OLP también estaban claros: hombres jóvenes. El 78% de las víctimas son menores de 25 años y el 99% son hombres, según los datos de Cofavic.
Sus muertes, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, muchas veces eran “ejecuciones extrajudiciales”.
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En su papel como ministro del Interior, González López coordinaba a los cuerpos policiales encargados de las OLP.
El Ministerio Público, señaló que, entre marzo de 2015 y julio de 2017, hubo 505 personas “abatidas” en estos operativos.
En ese tiempo, González López también estaba en el Sebin y “fue el funcionario de mayor rango que al que le tocó desplegar las OLP, algo que está bien documentado”, dice Uzcátegui.
Tras las graves denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos contra las OLP, se abandonó esta política, pero la siguió de facto otro organismo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dependientes de la Policía Nacional Bolivariana y, en última instancia, del Ministerio del Interior.
Como encargada de la Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet publicó en 2019 un informe sobre Venezuela donde se documentaron decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.
“Las violaciones de derechos fueron tan graves que Michele Bachelet no ordenó la reestructuración de estos cuerpos, sino su desaparición. Desde las OLP todo esto creó mucha alerta”, sostiene Uzcátegui.
El Sebin como instrumento de “represión selectiva”
El nombre de González López no es nuevo en la estructura de poder. Asumió por primera vez la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en febrero de 2014, año en el cual se registraron masivas protestas antigubernamentales en el país que fueron duramente reprimidas y que dieron pie a innumerables denuncias por detenciones arbitrarias, tortura y represión.
También ocurrió esta misma situación, incluso con más virulencia, en las protestas de 2017.
En un informe elaborado por el Laboratorio de Paz, detallan que el Sebin se utiliza como instrumento de represión selectiva, identificado así por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
En el informe se denuncia que la actuación del Sebin se orienta hacia la neutralización de personas consideradas opositoras o críticas del gobierno, mediante el uso de mecanismos de inteligencia aplicados al control político.
“En ese contexto, González López participó en la criminalización de líderes políticos, estigmatización de organizaciones de Derechos Humanos y establecieron procedimientos para ello. Básicamente, el Sebin se utilizó como organismo de persecución política y se inició un método de seguimiento, vigilancia y detención de líderes políticos. Y se consolidaron muchos patrones de violación de derechos humanos”, dice Uzcátegui.
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Juanita Gobertus, de Human Rights Watch, señala que en el informe de la ONU “la Misión encontró motivos razonables para creer que él tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves delitos contra opositores” y habla de que “bajo el desempeño de González López como director, los funcionarios hicieron detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida violencia sexual”.
Uzcátegui señala también que las “denuncias de tortura, asfixias, golpizas y violencia sexual, descargas eléctricas son terribles”.
Gobertus añade que la Misión también “señala que hay testigos que indicaron que González López utilizó un papel en varias de las detenciones arbitrarias y que no ejecutó órdenes directas de liberación”.
Dentro de estas actuaciones están los delitos cometidos dentro del centro de reclusión conocido como El Helicoide, lugar que ha sido calificado como el “mayor centro de tortura en Venezuela” y donde tiene su sede el Sebin.
El caso Alban
En octubre de 2018, el caso del concejal opositor Fernando Albán sacudió a Venezuela.
Albán fue detenido acusado de participar en un plan para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades del país haciendo explotar unos drones durante un desfile militar en agosto de ese año.
A los pocos días, perdió la vida tras caer por una ventana del piso 10 de las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela, una conocida zona de Caracas.
En un primer momento, el gobierno aseguró que Albán se suicidó mientras permanecía bajo custodia policial, pero distintos actores políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.
Posteriormente el propio Ministerio Público reconoció irregularidades en la investigación y, en 2021, se condenó a dos funcionarios del Sebin por homicidio culposo (no intencional) en el caso de la muerte del concejal. Una decisión cuestionada por organizaciones de derechos humanos en Venezuela que aún exigen una investigación imparcial y una condena apropiada.
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En ese tiempo, González López estaba al mando del Sebin y, como señala Uzcátegui, “hubo muchas denuncias sobre su participación en el Helicoide, pero también en sede de Plaza Venezuela. Y la propia Luisa Ortega Díaz (ex fiscal general), lo vinculó a este caso. Hubo un escándalo y finalmente termina saliendo de ahí”.
En los pocos días, en octubre de 2018, destituyeron a González López de su cargo como director en el Sebin. Pero regresó en abril de 2019.
Ahora, con su nuevo cargo como ministro de Defensa, Gustavo González López no solo tendrá bajo su mando a las Fuerzas Armadas, también a la Milicia Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la DGCIM, es decir, la contrainteligencia del país.
“No es un anuncio de flexibilización de los derechos políticos, sino todo lo contrario. Es un mensaje de que las políticas de persecución y hostigamiento van a continuar. En materia de derechos humanos es terrible, muy mal signo para la sociedad venezolana y para la transición”, augura Uzcátgegui.
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