Desde esta semana el Gobierno acelerará a fondo en las negociaciones para intentar garantizarse el respaldo del Congreso al proyecto de reforma laboral que envió en diciembre al Senado y que procura llevar al recinto el 11 de febrero en el marco de un nuevo período de sesiones extraordinarias que Javier Milei habilitará en los próximos días.
El apuro oficial por avanzar con la iniciativa, que la propia Casa Rosada proyecta como herramienta para combatir la informalidad laboral, fortalecer la creación de empleo y ponerle freno a la denominada “industria del juicio”coinciden en el tiempo con algunos datos que advierten sobre un escenario preocupante respecto al último objetivo que se propone perseguir la reforma libertaria: una escalada acelerada de las demandas contra el sistema de riesgos del trabajo, que en la actualidad explican la mitad de la judicialidad laboral.
El relevamiento definitivo correspondiente a las demandas contra las ART acumuladas en 2025 superaron incluso las estimaciones previas que proyectaban 130 mil nuevos juicios. Según el informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) al que tuvo acceso Clarínentre enero y diciembre del último año ingresaron a los tribunales laborales 134.141 demandas, unos 370 casos por día. Ello representa un incremento del 6,4% respecto de 2024cuando se presentaron 126.055 nuevos juicios.
El informe, además, alertó sobre un crecimiento exponencial de demandas contra las ARTE en el último cuatrimestre de 2025, con un aumento interanual del 12%que casi duplicó la suba promedio del año. En esa línea, el trabajo destacó que durante diciembre último ingresaron más juicios que en noviembre, cuando se esperaba una caída de 10% por cuestiones de estacionalidad, y advirtió que el escenario es comparable con diciembre de 2016 “con la litigiosidad absolutamente desbordada dada la inminencia de la sanción de la ley” que reformuló el régimen de riesgos del trabajo, durante la gestión de Mauricio Macri.
A la escalada en la presentación de nuevas demandas se suma el stock de juicios acumulados contra el sistema. Hasta diciembre de 2024, ese stock concentraba 287.802 procesos, cifra que trepó a 317.848 juicios acumulados hasta septiembre último. “Cerramos 2025 con más de 134 mil juicios, una cifra récord injustificada e imposible de costear. Ir a juicio no tiene costo sino pura ganancia para la intermediación judicial y en vez de ser excepcional, es masiva y habitual, quebrando el sistema”, alertó la titular de la UART, Mara Bettiol, ante la consulta de este diario.
Justamente en términos del costo laboral, desde las aseguradoras estiman que financiar tal nivel de aumento de la judicialidad del sistema implicaría aumentar en un 80% el valor de la alícuota promedio que pagan actualmente las empresas por la cobertura de ART. Es decir, pasar de la alícuota real equivalente al 2,85% de la masa salarial a una alícuota promedio del 5,15%, tanto para atender la multiplicación de demandas como la desproporcionalidad de tasas que se aplican en las sentencias judiciales.
Al respecto, desde la entidad que agrupa a las aseguradoras del sistema valoraron la decisión del Gobierno de incluir como parte de la reforma laboral medidas para intentar contener la escalada de los juiciosaunque destacaron el rol clave de la Justicia para resolver la situación. “Sin dudas es necesario modernizar las normas laborales, aunque la reforma sólo será efectiva si la Justicia laboral la cumple. En el caso de la ley sobre Riesgos del Trabajo, el Poder Judicial -a través de peritajes arbitrarios y actualizaciones infladas- está haciendo colapsar el sistema disparando una litigiosidad masiva que encarece y desalienta la contratación”, remarcó la UART.
Ocurre que la litigiosidad en el sistema se disparó en los últimos años a pesar de la vigencia de la ley 27.348, sancionada en 2017 ya la que ya adhirieron 18 provincias, que buscó resolver la situación mediante la conformación de comisiones médicas administrativas, bajo la tutela de la Superintendencia de ART, y la integración de cuerpos médicos forenses en el fuero laboral. Sin embargo, en gran parte de las provincias las autoridades judiciales demoraron la conformación de los cuerpos médicos forenses y en los casos en los que esos cuerpos se integraron, se produjo un fuerte desfasaje entre la incapacidad determinada en instancia administrativa y la establecida en el ámbito judicial.
A ello se sumó, por una parte, el hecho de que los peritos judiciales que establecieron los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio. Y, por otro, la falta de unificación en la aplicación de intereses en los juicios: algunos jueces aplican intereses basados en el RIPTE en diferentes versiones, otros actualizan por IPC o incluso por tasa activa, o suelen añadir porcentajes adicionales a cualquiera de esas variables. Ese desacople entre criterios de actualización cambiantes en el tiempo y contradictorios, no solo se registra entre tribunales de diferentes jurisdicciones, sino también entre instancias de una misma provincia o distrito.
El propio informe de la UART buscó graficar esa situación al anunciar que los trabajadores recibirá solo el 55% del monto de las sentencias dictadas, mientras que el 45% restante se reparte entre el pago de honorarios de abogados, peritos, mediadores y tasas judiciales.
