El juzgado contencioso administrativo número 2 de Girona obliga al Ayuntamiento de Verges (Baix Empordà) a poner las banderas oficiales de España y Cataluña en el exterior del edificio consistorio y considera la exhibición en el balcón de una estelada “contraria a derecho” al entender que “no cumple el deber de neutralidad institucional”.
Según la resolución “la bandera antifascista con la estelada”, que se hizo retirar como medida cautelar, “no es oficial, incorpora simbología asociada a una opción política y se ubica en el balcón, obviando que la institución pública está sujeta a los principios de objetividad”.
En su sentencia, el magistrado entiende que “no cumple el deber de neutralidad institucional”
Según la resolución, que estima un recurso de la entidad Impulso Ciudadano, la bandera española debe ocupar siempre “un lugar destacado, visible y de honor”. El juez también obliga al Consistorio a retirar todas las esteladas colgadas en las farolas de las principales calles del municipio al considerarlas “un símbolo de significación partidista o ideológica” que rompe con “el deber de neutralidad” de la administración.
La sentencia rechaza los argumentos del Ayuntamiento, que apelaba a los derechos fundamentales. “El objeto del litigio no es la libertad de un particular para exhibir símbolos en su esfera privada, sino la ocupación continuada de bienes públicos de uso común y la identificación institucional con símbolos con significación ideológica y política”, expone.
El Ayuntamiento acatará la sentencia pero considera que va en contra de la libertad colectiva y pide cambios legales
El Ayuntamiento de Verges, en un comunicado, ha explicado que cumplirá la sentencia, aunque no la comparte, al considerar que va “en contra de la libertad colectiva”. “Esta decisión no cambia la realidad social y política de Verges; no cambia el compromiso de este Ayuntamiento con la libertad, la democracia y los derechos civiles y nacionales de los Països Catalans”, reza el comunidado.
El Consistorio pide un cambio del marco legal vigente, fundamentado en una ley de 1981, que “no obliga a los ayuntamientos a exhibir una simbología que una parte significativa de la ciudadanía no se siente propia”. En este sentido, isnta a los grupos parlamentarios “que defienden la democracia y la libertad” a promover una actualización de ese marco legal.
En el comunicado el Consistorio esgrime también que la sociedad civil encontrará fórmulas “para superar la censura que los tribunales quieren imponer hacia la simbología independentista”.
