Una manifestación recorrió este sábado las calles del centro de la ciudad de València con la finalidad de reclamar “un derecho como es la vivienda digna”, denunciar la “inacción política” de los gobiernos –estatal, autonómico y local– e intentar prorrogar el Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, “si no se prorroga, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se iniciará la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunitat Valenciana y casi 900 en la ciudad de València”.
Así lo aseveró el portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, quien participó en la marcha bajo el lema ‘Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!’, que comenzó en la Plaza de San Agustín y concluyó en la Plaza de la Virgen.
Carteles exhibidos durante la marcha.
En la marcha, convocada por Juntes per l’Habitatge, València no està en venta y Acord Social Valencià, se escucharon consignas como ‘Ni casa sin gente ni gente sin casa’, ‘Basta ya, ningún desahucio más’, ‘Hay niños en la calle y no le importa a nadie’, ‘Valencia no se vende’ o ‘Vergüenza me daría desahuciar a una familia’, entre otras.
Pablo Ramos subrayó que el precio de la vivienda en València es “impagable e inasumible”, al mismo tiempo que denunció que los desahucios “cada vez más son mayores”. “Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social”, advirtió.
También, avanzó que las manifestaciones serán “constantes” hasta que se “consiga algún acercamiento” con las administraciones. No obstante, señaló que sí se han reunido “varias veces” con el Ejecutivo autonómico, aunque “todas las propuestas han sido rechazadas” con un “no contundente”. Por otra parte, según remarcó, el consistorio “se ha negado” a recibirlos. “Estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan”, inició.
El portavoz, además, hizo hincapié en que la “problemática” de la vivienda es “estatal” y lamentó que, a su juicio, permanece “gobierne quien gobierne”. “La vivienda –agregó– se está dejando en un plano secundario”.
La vivienda se está dejando en un plano secundario.
Al final de la marcha se leyó un manifiesto en que el que se demostró “gravísima” la situación que impide el acceso a la vivienda y se puso “encima de la mesa” las “responsabilidades” de todas las administraciones –locales, autonómicas y estatales– y partidos políticos, al tiempo que también se exigió un Plan de Choque con medidas “necesarias, concretas y consensuadas” con los movimientos sociales, vecinales y sindicales “para atajar el problema de raíz y avanzar en un derecho que tendría que ser indiscutible”.
“Exigimos la urgenteísima prórroga y mejora del Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, si no se prorroga y mejora, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se iniciará la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado”, apuntaron los manifestantes.
