Lapatilla
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una histórica ley de amnistía para liberar a cientos de presos políticos condenados en distintos momentos de crisis política del país y excluye a quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza.
El texto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática —impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— consta de 16 artículos y plantea que es deber del Poder Legislativo “dictar medidas que sirvan para reparar” las “heridas profundas” que ha dejado la confrontación política en la sociedad venezolana.
“La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley ya la justicia”, afirma la propuesta de ley.
Durante la sesión de dos horas en la que finalmente fue aprobada la Ley de Amnistía, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, insistió en que la ley es un perdón para personas que cometieron delitos en el país.
“Para que quede claro (….) amnistía es un perdón a cierto tipo de delito”, dijo Rodríguez, y agregó que “uno no perdona a quien no haya cometido una falta” establecida en las leyes.
Varias organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos cuestionaron en enero, tras la propuesta presentada por la mandataria encargada, que se presenta la amnistía como un perdón, porque asumen a los presos políticos como culpables de delitos.
El Gobierno venezolano plantea que con esta ley busca establecer la paz nacional y superar “los ciclos de confrontaciones estériles”. También califica la iniciativa como “un acto de clemencia soberana que prioriza el futuro y el respeto al Estado de derecho”.
El documento reafirma, tal como señaló la mandataria encargada al anunciar la medida, que el objetivo es promover la reconciliación y alejarse de “la venganza y la revancha”.
Para la consulta pública, se designó una comisión especial, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza e integrada por otros 18 diputados.
La ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conectados” entre 2002 y 2025..
En ese rango de fechas, plantea 13 casos y contextos (tres más de los que se plantearon inicialmente) en los que se contempla la amnistía.
Entre ellos menciona el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas; los hechos de violencia por motivos políticos “en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero” de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004 y en agosto de 2004.
La iniciativa también incluye los hechos de violencia por motivos políticos situados en mayo de 2007, así como las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos entre julio y septiembre de 2009. Del mismo modo, abarca los ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013 y los hechos de violencia por motivos políticos entre febrero y junio de 2014.
En esta amnistía se incluirían, además, los hechos ocurridos en el marco de las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2020 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas, así como los hechos de violencia por motivos políticos sucedidos entre marzo y agosto de 2017.
Considere también los sucedidos entre enero y abril de 2019, y aquellos relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales en 2023.
Finalmente, la amnistía abarcaría los presuntos hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024, así como los hechos similares que se produjeron en el contexto de las elecciones regionales para la Asamblea Nacional realizadas en 2025.
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo llevado a cabo por Estados Unidos ya un mes de que las autoridades de Venezuela anunciaron que “un número importante” de personas serían liberadas, se han producido más de 400 excarcelaciones en el país, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, que afirma que aún hay unos 600 presos políticos en Venezuela y exigen su liberación.
Organizaciones no gubernamentales y otros actores políticos ven con buenos ojos que en el país se llevan a cabo una amnistía, pero pedían que se tomen en cuenta las observaciones de la ciudadanía y que a la par de ese proceso continúe la excarcelación de los presos políticos.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, cuestionó el alcance en años de la Ley de Amnistía recientemente aprobada y que prevé la excarcelación de cientos de personas presas por razones políticas en Venezuela.
A través de su cuenta de X, señaló que “de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera”.
Asimismo, explicó que, de los otros 13 años que sí son considerados, la ley solo contempla “meses y momentos puntuales”.
“A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses”, agregó.
Según plantea el artículo 9 de la ley, quedan excluidas de esta amnistía las personas que sean procesadas o condenadas por la comisión de una serie de delitos.
Entre ellos mencionan las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también los casos de homicidio intencional, de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión.
Serán excluidas también aquellas personas que estén acusadas o hayan sido condenadas por favorecer, promover, participar o financiar acciones armadas o de fuerza contra el país, especialmente cuando dichas acciones impliquen la intervención o el apoyo de Estados, corporaciones o personas extranjeras en contra de Venezuela.
Para leer la nota completa pulse aquí
