Panamá/En medio de Cuestionamientos ciudadanos por el uso ineficiente de fondos públicos., denuncias sobre baja productividad y Advertencias de la Contraloría General de la República.la Asamblea Nacional iniciado el proceso para cerrar las oficinas de Participación Ciudadana en el interior del paísuna medida que se hará efectiva desde el 2 de enero de 2026pero que ya genera inquietud y quejas entre los funcionarios.
El cierre está contenido en la Resolución N.°150 del 1 de diciembre de 2025que ordena modificar la estructura organizativa del Órgano Legislativo y eliminar las oficinas regionales ubicadas en Herrera, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Bocas del Toroadscritas a la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana.
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Aunque la resolución fija como fecha oficial el 2 de eneroel proceso ya comenzó con inventarios, notificaciones internas y gestiones administrativassituación que ha provocado incertidumbre laboralsegún denuncian los colaboradores.
En su momento, la apertura de las Oficinas Regionales de Participación Ciudadana de la Asamblea fue blanca de críticas, debido a que eran utilizadas por diputados de esas provincias para realizar nombramientos a cambio de favores políticos.
Las razones del cierre: Baja productividad y sin impacto ciudadano
Este medio tuvo acceso a un informe elaborado por la Asamblea Nacionalen el que se detallan algunas de las razones que sustentan el cierre de las Oficinas de Participación Ciudadana en el interior del país.
El documento destaca, por ejemplo, un “bajo o nulo nivel de productividad institucional”al señalar que “se identifican Oficinas de Participación Ciudadana en el interior del país con escasa o inexistente productividad, sin que existe evidencia objetiva que justifica su permanencia ni su impacto positivo en la gestión legislativa o en la atención efectiva a la ciudadanía, en relación con los recursos públicos que consumen de manera recurrente”.
Asimismo, el informe advierte una ausencia de evidencia de impacto institucional y ciudadano. “No se presentan informes técnicos, métricas de atención ciudadana, resultados de gestión ni evaluaciones de desempeño que demuestren que dichas oficinas contribuyen de manera efectiva al fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia o la mejora del servicio legislativo en las provincias”señala el documento.
Además de plantear los posibles incumplimientos de funciones y responsabilidades administrativas, al señalar que se “identifican posibles casos de incumplimiento de funciones, omisiones en el ejercicio del cargo y deficiencias en la supervisión, que podrían configurar causas de destitución, conforme a la normativa vigente en materia de Carrera Legislativa y responsabilidad de los servidores públicos”.
El cierre de estas oficinas no ocurre de forma aislada. En agosto pasadola Asamblea Nacional una revisión anunciada completa y exhaustiva del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el paístras denuncias sobre la ONU posible uso ineficiente de fondos públicos.
Precisamente, el proceso de evaluación comenzó con la sede ubicada en la provincia de Veraguasdonde ahora se materializa el cierre administrativo.
Funcionarios de Veraguas elevan reclamo a Recursos Humanos
En la provincia de Veraguaspor ejemplo, funcionarios enviaron una carta a Leidis González encargada, desde el quinquenio pasado de coordinar esas oficinas de la Asamblea Nacional nacional, solicitando claridad formal sobre el cierre y sus implicaciones laborales, de acuerdo con información que obtuvo este medio.
En la misiva, fechada el 12 de diciembre de 2025los colaboradores reclaman que cualquier información relacionada con el cierre sea comunicada “por escrito, de forma oficial y con el debido sustento administrativo”ante la falta de precisiones sobre el proceso.
Los trabajadores advierten que las decisiones de esta naturaleza generan “incertidumbre laboral y afectaciones psicosociales”las cuales —según expresan— “impactan directamente el desempeño, la estabilidad emocional y el bienestar integral de cada uno de nosotros”.
También afirman que, ante cualquier acción administrativa que incida en los derechos laborales y la estabilidad funcionalresulta indispensable que la información sea “comunicada de manera clara, oportuna y formal, permitiendo que el personal pueda expresar su posición de forma informada, sin que medie desconocimiento o indefensión administrativa”.
De acuerdo con fuentes legislativas, esta Oficina en Veraguas era un bastión utilizado por el actual diputado Marcos Castillo, la exdiputado y hoy subsecretaria del Legislativo, Fátima Agrazal, entre otros.
/ TVN/Cortesía
Contraloría respaldada ajustes
Solo el mes pasadoel contralor general de la república, Anel Flores, confirmó que, en coordinación con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se evaluaban medidas de ajuste para el cierre del año 2025incluyendo la desactivación de oficinas de participación ciudadana en las provincias.
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“Hemos estado conversando con el presidente de la Asamblea sobre las que se van a tomar en el cierre de las oficinas de participación ciudadana a nivel de provincias, porque encontramos que hay mucha gente nombrada y muy poca gente trabajando”, señaló Flores.
De acuerdo con el contralor, la decisión responde a una auditoria interna que detectó una discrepancia significativa entre el número de empleados inscritos y la productividad real en estas dependencias regionales.
