Una auditoría en YPFB Refinación detectó irregularidades en contratos de suministro de aceite de soja para la producción de biodiésel, suscritos con la empresa privada Indueste, que habría ocasionado un posible perjuicio de Bs 1.000 millones.
“Hemos detectado toda una estructura en la cual se movilizaron enormes recursos y se dispusieron más de 1.000 millones de bolivianos en anticipo sin cumplimiento de la normativa interna”, reveló este viernes el presidente de YPFB, Yussef Akly, en conferencia de prensa.
En tanto, el gerente de YPFB Refinación, Aquiles Pfeiffer, informó que una auditoría interna de la actual administración identificó irregularidades en un contrato de suministro de aceite de soja para la producción de biodiésel en Santa Cruz.
“Este caso podría haber generado un perjuicio económico de aproximadamente 1.000 millones de bolivianos. Existen evidencias documentadas de que la administración anterior modificó el reglamento de garantías”, denunció.
Explicó que el contrato se abrió a dos: con el primero, que fue adjudicado el 4 de abril de 2024, se anticipó “sin garantía suficiente” más de Bs 400 millones; ya través del segundo, suscrito a los seis meses de marzo, también se anticipó sin garantía casi Bs 600 millones.
La administración anterior, de antes del 19 de enero de 2026, modificó el reglamento de garantías antes de la ejecución de los dos contratos para la provisión de aceite de soja, habilitando la entrega de anticipos a la empresa Indueste que ascenderán a Bs 1.000 millones “sin respaldo suficiente”.
“El día de hoy hemos presentado una denuncia penal contra la empresa Indueste y la anterior alta dirección de YPFB Refinación por contratos lesivos, incumplimientos de contrato y conducta antieconómica”, mencionó.
“En estos dos contratos no se hablaba nada de anticipos y además no había las garantías suficientes por los montos desembolsados”, remarcó.
Enfatizó que ese dinero habría estado destinado a la compra de aceite de soja, pero la empresa Indueste solamente entregó el 17,3% del volumen total contratado en ambos contratos.
“El objetivo es proteger los recursos de los bolivianos y establecer las responsabilidades correspondientes. De manera paralela, la administración actual está fortaleciendo el gobierno corporativo, procesos y controles internos buscando evitar que hechos similares se repitan”, dijo.
En ese sentido, reiteró que, frente a estos hechos, la nueva administración de YPFB Refinación activó todas las acciones legales para lograr el resarcimiento económico y la reparación civil conforme a ley.
Por su lado, el presidente de YPFB agregó que son 14 personas que están siendo investigadas y la denuncia ya fue presentada la mañana de este viernes.
“Y en nuestro análisis lo que visualizamos es que YPFB Refinación se convirtió en un puente financiero para estructurar todos estos negocios que han venido valiéndose y beneficiándose de manera directa al entorno de la familia Arce”, señaló.
