El dirigente del Transporte Libre, Limberth Tancara, exigió al Gobierno informar cómo resarcirá los gastos de los conductores que ya hicieron arreglar sus automóviles que resultaron afectados por la venta de la gasolina de mala calidad o “desestabilizada”.
El Gobierno anunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará un seguro de “daños a terceros” y habilitará talleres, asumiendo los costos para la reparación de los automóviles afectados por la gasolina.
Sin embargo, Tancara señaló que alrededor de 2.000 autos ya fueron reparados y los gastos fueron asumidos por los mismos conductores, por lo que exige al Gobierno explicar qué se hará con esos casos específicos.
“Si bien hemos escuchado alguna información que ha dado el ministro de Hidrocarburos sobre talleres autorizados donde van a ir las movilidades con desperfectos dentro de los motores, no se habla de las 2.000 unidades que ya han sido afectadas, dañadas y que han sido arregladas”, señaló entrevistado por Unitel.
Tancara dijo que en algunos casos sus afiliados gastaron más de 20.000 bolivianos para reparar sus unidades de transporte, que es la herramienta para generar ingresos económicos.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, informó que se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la gasolina “desestabilizada”; Sin embargo, no se entregará dinero. El seguro será ejecutado a través de la subsidiaria YPFB Logística, informó el portal Oxígeno.bo.
“Lo que decidimos, en coordinación con el presidente de YPFB, Yussef Akly, es activar este seguro, de tal manera que las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor puedan acudir a un taller, como ocurre con cualquier seguro, donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, precisó.
AUDITORÍA
El vicepresidente Edmand Lara presentó este lunes una solicitud de información al presidente de YPFB, Yussef Akly, además de pedir una auditoría a la entidad estatal, por la venta de combustible de mala calidad o “desestabilizada”.
Lara señaló que el objetivo es que con la información se pueda presentar una denuncia penal “en contra de todos los responsables” del caso.
Lara precisó que el requerimiento ya fue debidamente sellado y que, además, incluye el pedido de una auditoría integral. En ese marco, solicitó información específica sobre “la empresa argentina que por invitación directa fue contratada para hacer el control de calidad y la distribución del combustible”.
Lara advirtió que existen muchas interrogantes e incertidumbres en torno a las acciones realizadas por YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y remarcó que esta iniciativa no responde a enfrentamientos personales ni políticos.
