La caida de Nemesio Oseguera Cervantesalias ‘El Mencho’, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)ocurrió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Según las autoridades, resultó herido en un tiroteo con fuerzas federales y murió mientras era trasladado a la Ciudad de México. El operativo desató enfrentamientos, incendios y bloqueos de carreteras en varios estados, e incluso alertas de seguridad para ciudadanos extranjeros.
El Gobierno mexicano ha presentado el abatimiento de ‘El Mencho’ como uno de los mayores golpes a la estructura criminal más poderosa del país en décadas. Desde hace años, el capo era uno de los narcotraficantes más buscados internacionalmente, con recompensas millonarias ofrecidas tanto por México como por Estados Unidos.
Pero este episodio no debe leerse solo como una victoria simbólica. No cuando el despliegue de fuerza ha sido acompañado por una espiral de violencia, cuando los cárteles han demostrado su capacidad de reacción, su influencia social y su poder de penetración en ámbitos que, en teoría, deben ser monopolio del Estado.
La narrativa oficial —según la cual nada está por encima de la autoridad del Estado mexicano— choca con la evidencia de continuos desafíos.
Los cárteles han sido capaces de generar violencia sostenida, de infiltrarse en estructuras locales y de condicionar la vida cotidiana en muchas regiones del país. Lejos de desaparecer con la muerte de un líder, estas organizaciones se reconfiguran, fragmentan o incluso expanden hacia nuevos territorios y mercados ilícitos.
No es casual que la operación contra ‘El Mencho’ se haya producido en un contexto de presión internacional, particularmente por parte de la administración de Donald Trumpque ha impulsado políticas duras contra el narcotráfico, incluyendo designaciones, sanciones y cooperación en inteligencia con México. El respaldo estadounidense fue explícito en la operación que terminó con el capo.
Pero, ¿qué lecciones deja este momento para la relación entre el Estado y las organizaciones criminales? Primero, que el uso de fuerza solo no es suficiente.
La muerte de un líder —aún siendo un símbolo importante— no elimina las redes que sostienen a la organización. El CJNG, como otras estructuras del crimen organizado, no es una pirámide con un solo vértice: es una red de células, conexiones y tentáculos que operan por fuera y por dentro del tejido social.
Segundo, el episodio desnuda una fragilidad que trasciende a México. Cuando cárteles como el CJNG logran capacidad de movilización, reclutamiento y violencia extrema, se pone en cuestión la eficacia de las instituciones del Estado.
El reto no solo está en capturar o abatir a un capo; está en construir cuerpos de seguridad, sistemas judiciales, políticas públicas y presencia territorial que impiden la reproducción de esas estructuras criminales.
Tercero, no hay que perder de vista que el fenómeno del narcotráfico es también un síntoma de desigualdades profundas, economías paralelas, falta de oportunidades y, en muchos casos, ausencia de Estado en regiones enteras. Abordar esas raíces es tan indispensable como desmantelar una cúpula criminal.
Finalmente, queda la pregunta más incómoda: ¿ha fortalecido realmente al Estado la operación contra ‘El Mencho’, o ha sido una muestra de su músculo sin resolver las causas que alimentan el narco? La respuesta es compleja, pero una cosa es clara: la guerra contra las drogas no se gana únicamente con balas, operaciones y titulares. Requiere estrategias integrales, sostenidas en el tiempo y con justicia social.
La muerte de El Mencho es un capítulo en la larga historia de enfrentamientos entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Si sirve de algo, será para replantear la relación entre autoridad y sociedad, y no para reforzar la ilusión de que un solo golpe puede terminar con un problema estructural.
