Organismos de derechos humanos y familiares de presos políticos denuncian que la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura de Venezuela tiene un recorte arbitrario con las fechas, dentro del período de 28 años que abarca. Sostiene que deja excluidos a 400 detenidosentre los que figura el gendarme argentino Nahuel Gallo.
Este jueves, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la Ley de Amnistía, 20 días después de que la anunciara la presidenta encargada Delcy Rodríguez
Si bien Delcy Rodríguez, quien juró en el cargo dos días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, había anticipado que la amnistía abarcaría desde 1999 hasta 2026, el texto especifica solo 12 dentro de esos 27 años, por lo que deja por fuera a cientos de detenidos.
Los organismos de derechos humanos remarcan que en la letra chica de la ley, por cómo fueron elegidos los meses, hay 15 años enteros de los 28 que quedaron afuera. “Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico”, cuestionó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país y que monitorea la situación de los presos en Venezuela.
En la conferencia de prensa de la ONG en Caracas, donde también estaban familiares de los detenidos, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, aseguró que Nahuel Gallo “en ningún lado de la amnistía está incluido” y destacó la presencial de la suegra del gendarme en la conferencia.
“La amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones, pero es un logro”, destacó Romero, quien igualmente enfatizó que no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país, “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, y el artículo 6 de la ley determina para ese año la amnistía sólo para “los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024”.
Según cifras de la ONG, en Venezuela “hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas” y son numerosos los mayores de 70 años presos, pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas de libertad basadas en el principio humanitario.
Los grupos humanitarios también pidieron en una rueda de prensa que se desmantele “el sistema represivo” que dio pie a las encarcelaciones. Y, por otro lado, advirtieron también que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía esta “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia de que la ley está sujeta a “una discrecionalidad excesiva”.
Consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente”los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin.
“Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza en un futuro de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados”, insistió Romero.
En tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó en un comunicado que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”.
“Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales”, enfatizó la JEP.
El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros. Voceros del gobierno han dicho que han sido liberados casi 900 reclusos desde diciembre, aunque el Foro Penal hasta el miércoles registró la liberación de 448 personas por motivos políticos.
Con información de la Agencia AP
