Acorralado por casos de corrupción y denuncias de acoso sexual dentro de su partido y agobiado por la falta de apoyos parlamentarios para gobernar, el presidente. Pedro Sánchez se encamina a cerrar un 2025 difíciltal vez el más sombrío de los siete años que lleva como jefe del gobierno de España.
A esto se suman las estocadas por la investigación a su esposa, Begoña Gómez, el próximo juicio a su hermano, David Sánchez, y la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, castigado con dos años de inhabilitación por haber revelado información sensible acerca de delitos que habría cometido el novio de la actual presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex chofer y asesor, Koldo García, en prision por haber cobrado presuntas coimas en la compra de barbijos durante la pandemia, los españoles se desayunan, casi un diariocon nuevos hallazgos de sospechada corrupción en distintos rubros como la gestión de hidrocarburos o la adjudicación de obras públicas.
En lo que se conoce como “la trama de hidrocarburos”un grupo de empresarios habría evadido casi 50 millones de euros a través de una maniobra según la cual habrían obtenido la licencia para vender combustibles, se habrían guardado el IVA y habrían declarado la quiebra de la compañía.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil involucra al ex ministro Ábalos como “una de las voluntades que fue comprada” por la trama corrupta.
Por otra parte, también se investiga la dudosa adjudicación de obras públicas a empresas privadas que el ex ministro de Transportes habría gestionado un cambio de comisiones ilegales.
Esta semana, además, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción produjo la detención de la ex militante del PSOE Leire Diez, acusada de haber intentado ensuciar la tarea del teniente coronel de la UCO que investigaba la presunta corrupción dentro del Partido Socialista. Fue encarcelado también quien fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, y Antxon Alonso, socio del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en una empresa de Navarra.
“Toca actuar”
Sumar, el partido minoritario en la coalición de gobierno progresista, le exige a Pedro Sánchez una reacción inmediata: “Se acabaron las reflexiones, se acabaron los cambios y las reformas cosméticas -dijo este viernes la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz-. Hay un punto y aparte y toca actuar.”
“Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta”, agregó Díaz.
Sumar, el partido minoritario en la coalición de gobierno progresista, le exige a Pedro Sánchez una reacción inmediata. Foto: ReutersDesde la oposición, Alberto Núñez Feijóopresidente del Partido Popular (PP), pidió este viernes una sesión extraordinaria en el Congresoque esta semana concluyó con su agenda parlamentaria antes de las fiestas de fin de año, para que el presidente Sánchez comparezca.
“Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su gobierno no es una opción”, señaló el líder de la oposición.
“¿Ese escote lo has tenido siempre?”
En los últimos días surgieron además denuncias por acoso sexual contra miembros del PSOEalgunos de los cuales tenían responsabilidades en distintas administraciones públicas.
En julio, cuando los socialistas estaban por nombrar al por entonces asesor de Moncloa Francisco Salazar como sucesor de Santos Cerdán -que estaba en prisión preventiva por presunta corrupción- en la secretaría de organización del PSOE surgieron denuncias de Comportamientos condenables de Salazar con las mujeres que trabajaban con él.
En estos días trascendió que las denuncias Habrían sido silenciadas dentro del partido. y que hubo más acusaciones contra el ex asesor de Moncloa.
Desde el partido argumentaron que el archivo de las denuncias se pudo haber producido “por un error informático”. Sin embargo, los españoles no pudieron evitar recordar las palabras del presidente Sánchez cuando se jacta de liderar “el gobierno más feminista” de la historia de la democracia en España.
Al caso Salazar se unió una denuncia contra el secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, quien habría acosado a una compañera con un rosario de mensajes de whatsapp improcedentes.
“¿Ese escote lo has tenido siempre?”, “Cuando te enfadas te pones muy guapa” o “No me esquives, que te quiero meter ficha” son algunos de los textos que la denunciante presentó por las vías internas del PSOE en contra de Navarro.
Ante la falta de respuesta de la conducción del partido, la mujer lo denunció ante la Fiscalía de Málaga.
También apuró su renuncia el presidente de la Diputación de Lugo (Galicia), José Tomé, aunque argumentó que las denuncias en su contra eran falsas.
El jueves, el último en renunciar a sus cargos fue el senador socialista por Valladolid Javier Izquierdo. “Recibí su renuncia voluntaria por motivos familiares y profesionales. Luego, empezamos a ver informaciones en medios como que podía ser un posible caso de acoso”, admitió la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró.
“Estoy hasta el moño de puteros y acosadores”, confesó Ángeles, Férriz, portavoz adjunta del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía.
“Me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos nos desgarran por dentro porque no tienen cabida y porque no pueden cuestionar toda la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres”, lamentó Férriz.
La gobernabilidad cuesta arriba
El delicado equilibrio parlamentario que el gobierno que integran el PSOE de Sánchez y el partido de izquierdas minoritario Sumar trastabilla en cada votación en el Congreso desde que los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, la fuerza del ex presidente catalán Carles Puigdemontle retiraron su apoyo.
Junts es uno de los siete partidosentre separatistas catalanes y vascos, de derecha y de izquierda, que permitieron la última reelección de Sánchez en noviembre de 2023.
Lo hicieron a cambio de pactar concesiones para Cataluña como una ley de amnistía que permitiría a Puigdemont volver a España luego del intento separatista de 2017, cuando declaró unilateralmente la independencia de Cataluña y huyó del país para no ser apresado.
Sánchez cumplió con la aprobación de la ley de amnistía que Aún no permite el regreso de Puigdemont al pago: su aplicación todavía está debatiéndose en el Tribunal Constitucional.
Esta demora, más otros acuerdos que los independentistas catalanes no ven materializarse -como el uso del catalán como lengua co-oficial española en el Parlamento Europeo o el traspaso de las competencia sobre migración a manos del gobierno regional catalán-, precipitó la ruptura de lo que los españoles conocen como “el bloque de la investidura”, los partidos que permitieron a Pedro Sánchez ser investido presidente del gobierno por tercera vez.
Esta quita de voluntades complica, por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estadoherramienta indispensable para que Pedro Sánchez avance en la gobernabilidad de un mandato que, si no hay un adelanto electoral, culmina en 2027.
