Un procedimiento de tránsito en el que una persona falleció tras ser arrollada por un motociclista en la vía a la Costa, a las 20:35 del viernes 12 de diciembre, derivó en una acción policial que terminó con la detención de dos agentes de tránsito, un conductor y un guardia de seguridad del Complejo Judicial Florida, en Guayaquil.
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El hecho se registró la madrugada del sábado 13 de diciembre, casi seis horas después de que Jeremy Macías Sánchez atropellara a un ciudadano que posteriormente falleció en una casa de salud, a las 21:30 del mismo viernes.
De acuerdo con una fuente policial, los agentes de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) Pablo Chávez y Rogger Muñoz, junto con el conductor de la patrulla, Eduardo Macías, trasladaron al presunto responsable del siniestro en un vehículo institucional hasta la Unidad Judicial La Florida, con el fin de ponerlo a órdenes de la autoridad competente.
El peatón que murió tras ser arrollado fue identificado como Jorge Fernández Carpio.
Sin embargo, al momento de ingresar al área de parqueaderos del complejo judicial, aproximadamente 12 sujetos descendieron de tres vehículos y una motocicletaquienes habrían amedrentado a los agentes con insultos y presuntas armas de fuego.
Posteriormente, los individuos se llevaron por la fuerza al ciudadano que se encontraba en calidad de aprehendido por el accidente de tránsito. Tras este hecho, dos agentes de tránsito, el conductor del vehículo y un guardia de seguridad de la unidad judicial fueron detenidos por el presunto delito de evasión, informó la fuente policial.
“No hubo evasión”
Por su parte, Christian Castro, abogado defensor de los agentes, sostuvo que no existía evasiónya que los funcionarios fueron superados en número y amenazados con armas de fuego.
Indicó que el detenido fue aprehendido en flagrancia y que el rescate ocurrió dentro del complejo judicial, alrededor de las 02:00, situación que habría quedado registrada en las cámaras corporales de los agentes.
En la audiencia, a los procesados se les dictarán medidas alternativas. El proceso será directo y se desarrollará en un plazo de 30 días.
La defensa señaló que los agentes de tránsito no portan armas por y normativa que, ante la superioridad numérica y armamentística de los atacantes, presuntamente vinculados a un grupo delictivo organizado, no pudieron impedir la sustracción del detenido, por lo que solicitaron apoyo policial.
“Pese a estos argumentos, la Fiscalía inició un proceso por presunta evasión contra los funcionarios, pese a que fueron atacados”, aseguró el defensor (AEB)
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