En una decisión de enorme impacto, una corte federal de apelaciones le dio un espaldarazo clave a la política migratoria del presidente Donald Trump al avalar la detención obligatoria y sin derecho a la audiencia de fianza de amplios grupos de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.
En una decisión dividida 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito —con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi— concluyó que el gobierno puede mantener bajo custodia a quienes sean considerados “solicitantes de admisión” mientras se resuelve su caso migratorio, incluso si llevan años o viviendo en EE.UU. UU. y no tengan antecedentes penales alguno.
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El fallo revierte órdenes de tribunales federales inferiores y contradice la postura adoptada por más de 300 jueces en todo el país que, en meses recientes, habían considerado ilegal esta política. Ahora, el choque entre tribunales deja el camino despejado para que sea la Corte Suprema la que tenga la última palabra.
El fallo revierte órdenes de tribunales federales inferiores Foto:iStock
La controversia se remonta a julio de 2025, cuando el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, emitió un memorando reinterpretando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), modificada en 1996 por la reforma conocida como IIRIRA.
El fallo abre la puerta a la mayor expansión de la detención migratoria en la historia del país.
El documento iniciado que todos los “solicitantes de admisión” en proceso de deportación quedarían sujetos a detención obligatoria bajo la sección 235(b) de la ley. Esa categoría incluye no solo a quienes son detenidos en la frontera, sino también a cualquier persona presente en EE.UU. UU. que nunca haya sido formalmente “admitida” bajo la ley migratoria.
Eso abarca, por supuesto, a quienes cruzaron sin inspección, pero también a quienes ingresaron bajo libertad condicional humanitaria, una figura que permite la entrada temporal, pero no constituye admisión legal.
En la práctica, significaba que millas de inmigrantes, incluidos aquellos sin antecedentes penales y con largos años en el país, perderían el derecho a solicitar la libertad bajo fianza ante un juez migratorio.
Agentes ICE Foto:EFE.
Durante casi tres décadas, tanto administraciones republicanas como demócratas habían permitido que inmigrantes arrestados en el interior del país solicitaran audiencias de fianza bajo otra sección de la ley (la 236) reservando la detención obligatoria principalmente para quienes fueron interceptados en la frontera o poco después de ingresar.
Pero el memo de Lyons rompió con esa práctica.
La reacción fue inmediata. Según relatos recientes, en cerca de 3.000 casos, más de 350 jueces federales fallaron en contra de la política de detención obligatoria, considerando que el gobierno estaba forzando una interpretación inédita del estatuto.
Organizaciones de derechos civiles alertan sobre el impacto humanitario, especialmente en un sistema ya tensionado por el hacinamiento.
El argumento central de los demandantes era técnico pero crucial. Aunque la ley define a estas personas como “solicitantes de admisión”, la cláusula de detención obligatoria se aplica, según su lectura, a quienes estén activamente “buscando admisión”, es decir, en la frontera o puerto de entrada.
En el caso que estaba en cuestión ante el Quinto Circuito los dos demandantes, mexicanos que ingresaron en 2001 y 2009 respectivamente alegaron que no estaban “buscando admisión” sino defendiendo su permanencia frente a una orden de deportación.
Protestas contra los operativos de ICE Foto:Archivo
La mayoría del panel rechazó ese argumento. La jueza Edith Jones sostuvo que, mientras el proceso está pendiente, la persona sigue siendo, por definición legal, un solicitante y comparó la situación con la de alguien que aplica a la universidad: el hecho de haber enviado la solicitud no significa que haya dejado de aspirar a ingresar.
Para la mayoría, el texto de la ley respalda al gobierno y las prácticas previas más flexibles no limitan la autoridad que el Congreso otorgó inicialmente en 1996.
En su escrito de disidencia, la jueza Dana Douglas advirtió que la interpretación adoptada por la mayoría carece de precedente histórico y desdibuja una distinción central del derecho migratorio estadounidense. Recordó, además, que la abrumadora mayoría de los tribunales había rechazado la posición del Ejecutivo.
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Los críticos sostienen que el fallo abre la puerta a la mayor expansión de la detención migratoria en la historia del país. Datos recientes muestran que cerca del 75 por ciento de los inmigrantes detenidos actualmente no tienen condenas penales.
Por su parte, organizaciones de derechos civiles alertan sobre el impacto humanitario, especialmente en un sistema ya tensionado por el hacinamiento y denuncias sobre condiciones deficientes en centros de detención.
Los arrestos de ICE han aumentado desde que Trump regresó al poder Foto:EL TIEMPO
Esa razón, entre otras, ha sido central en el arresto sin posibilidad de fianza de los detenidos en la frontera. Con más de 13 millones de ilegales en el país, los recursos públicos debían destinarse a capturar a recién llegados. y encarcelar a quienes tienen un historial criminal, en lugar de perseguir a personas que ya llevan décadas viviendo en el país y que plantean un peligro inminente.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, defiende la medida como una aplicación estricta de la ley y como una herramienta necesaria para garantizar que quienes enfrentan la deportación no evadan el proceso.
El fallo del Quinto Circuito no cierra el debate. Antes, lo eleva. Otros tribunales de apelación podrían llegar a conclusiones distintas, creando un “corto circuito” que obligaría a la Corte Suprema a intervenir. De hecho, desde el viernes pasado ya se han presentado casos de cortes que no siguen esa directriz.
Donald Trump. Foto:ANDREW HARNIK
La pregunta central, en todo caso, es de gran alcance: ¿Exige la ley, tal como fue reformada en 1996, que el Gobierno detenga sin posibilidad de fianza a todo inmigrante que nunca haya sido formalmente admitido sin importar cuánto tiempo haya vivido en el país?
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La respuesta no solo marcará el destino de miles de personas en proceso de deportación. También establecerá los límites del poder Ejecutivo en materia migratoria y sentará un precedente que podría redefinir el equilibrio entre la seguridad, el debido proceso y la discrecionalidad administrativa en uno de los temas más controvertidos de la política estadounidense.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington – @sergom68
