Lapatilla
Organizaciones civiles y sectores de la contraloría social del estado Lara han alzado su voz para denunciar lo que califican como una «sistemática política de impunidad y persecución» bajo el actual mandato del gobernador Luis Reyes Reyes.
Por lapatilla.com
Aseguran que la entidad atraviesa un retroceso institucional que revive las sombras de su gestión pasada (2000-2008).
El foco principal de la denuncia recae sobre la hidrológica del estado. Según el dirigente político Guillermo Palacios, la reincorporación de Jorge González a la directiva de Hidrolara representa un «insulto a la ética pública».
González, quien ya fue objeto de sanciones por parte de la Contraloría General del Estado y de la República, debido a irregularidades en el manejo de recursos, vuelve hoy al poder con una misión crítica: el traspaso de la organización al poder central.
«La designación de funcionarios previamente sancionados no es un error, es una señal clara de que se prioriza la lealtad partidista por encima de la probidad», detalla Palacios en la denuncia, además de vincular esa gestión con la quiebra de la empresa Yacambú – Quíbor, condenando a los larenses a una sequía crónica.
De igual manera, subraya el deterioro de los derechos humanos en la región. Se mencionan casos de detenciones irregulares por motivos políticos y la preocupante «razzia» en el sector salud, donde se alega la detención de personas inocentes bajo el simulacro de una lucha contra la corrupción.
Menciona Palacios que un punto de especial gravedad es el caso de Macario González, quien permaneció desaparecido por 68 días. La denuncia señala directamente al gobernador Reyes Reyes por su «silencio cómplice» y la inacción institucional deliberada frente a un hecho de desaparición forzada y tortura.
Ante eso, exige el cese de la utilización de las instituciones del Estado como «refugio para malversadores». Por eso hace un llamado a la comunidad internacional ya los organismos de derechos humanos para que pongan la lupa sobre el estado Lara, donde la «institucionalización de la impunidad» amenaza con normalizar la violación de los derechos fundamentales y el saqueo del patrimonio público.
«Lara merece una gestión transparente, libre de las sombras de represión y peculado que caracterizaron el pasado de quienes hoy pretenden seguir gobernando», finalizó.
