El gobierno de Costa Rica denunció este martes un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, en las que el oficialismo es favorito.
Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la presidencia, dijo que ese organismo supo del presunto complot el lunes por una “fuente confidencial” que, según él, dio cuenta del pago a un sicario que ejecutaría el atentado.
“Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República”, declaró Torres a periodistas a las puertas de la Fiscalía, adonde acudió para denunciar la supuesta trama.
La denuncia se conoce en la antesala de los comicios generales del 1 de febrero. La exministra conservadora Laura Fernández lidera ampliamente la intención de voto con un discurso centrado en la mano dura para enfrentar la creciente inseguridad ligada al narcotráfico.
También trascendió el mismo día en que llegará al país en visita oficial el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de quien Chávez es admirador, para poner la primera piedra de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros.
Fernández, considerada la sucesora del gobernante costarricense, se plantea ganar en primera vuelta y obtener una mayoría contundente de diputados para controlar el Congreso y reformar el poder judicial, como hizo Bukele. La visita, según la oposición costarricense, busca apuntalar esos objetivos.
Refuerzan seguridad
El jefe de inteligencia evitó opinar sobre si el supuesto plan criminal, del cual no dio mayores detalles, está relacionado con la contienda electoral.
“No quisiera ahondar en eso”, señaló el director de la DIS, un órgano de inteligencia estatal bajo el mando directo del presidente.
En Costa Rica no está permitida la reelección inmediata, por lo que Chávez no se puede postular pese a su alta aprobación, que según la oposición está basada en un discurso populista y retórico.
Torres manifestó además que la seguridad de Chávez y su familia serán reforzadas y que espera celeridad en las investigaciones de la Fiscalía, uno de los organismos con los cuales el presidente ha mantenido un duro enfrentamiento en sus cuatro años de gestión.
Este choque de poderes abarca además a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, a los que el mandatario acusa de sabotear a su gobierno.
Por su parte, los jefes de estas instituciones acusan a Chaves de no respetar la independencia de poderes y le atribuyen derivas autoritarias que buscan desmantelar el Estado de Derecho costarricense, reconocido internacionalmente.
Chaves, economista de 64 años, enfrentó el año pasado dos procesos en el Congreso sobre el retiro de su inmunidad, uno por un caso de presunta corrupción y otro de participación en política electoral, pero fueron rechazados en la votación del pleno legislativo.
