Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, la cifra más alta de su historia, y una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100 000 habitantes, Según datos oficiales. En ese escenario, el Gobierno presentó un nuevo plan de seguridad que combina despliegue de fuerza, tecnología e inteligencia financiera para enfrentar al crimen organizado. Los especialistas en seguridad advierten que el patrón de violencia responde a dinámicas estructurales del narcotráfico.
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Récord histórico de homicidios intencionales en Ecuador el 2025
Los datos oficiales muestran que Ecuador superó en 2025 todos sus registros previos de homicidios intencionales. La tasa nacional de 50,91 por cada 100 000 habitantes rebasó el máximo alcanzado en 2023 y el valor reportado en 2024. Este resultado ubica al país en su nivel más alto de violencia letal desde que existen estadísticas comparables.
El Gobierno sostiene que este aumento se explica por una guerra entre bandas criminales por el control del narcotráfico y de otras economías ilegales. En los últimos años, el Ejecutivo recurrió a la figura del conflicto armado interno ya sucesivos estados de excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Estas decisiones se mantuvieron como el eje central de la respuesta estatal frente al crimen organizado.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la inseguridad se relaciona con estructuras criminales que operan en barrios, carreteras, fronteras y centros penitenciarios. El presidente Daniel Noboa planteó que la respuesta estatal debe ser integral y sostenida, con intervención conjunta de Policía, Fuerzas Armadas, inteligencia y control financiero. En ese marco, el nuevo plan se presenta como una continuidad y un refuerzo de esa línea de acción.
Violencia concentrada en el Litoral
En 2025 se registraron homicidios en 168 de los 222 cantones del paíslo que muestra una expansión territorial del fenómeno. Los Ríos se consolidó como la provincia más violenta, con una tasa de 130,4 muertes por cada 100.000 habitantespor encima de Guayas y El Oro. Esta provincia concentró cinco de los diez cantones con mayor índice de criminalidad.
Puebloviejo encabezó la lista nacional con una tasa de 360 homicidios por cada 100.000 habitantesseguido por Quinsaloma, Urdaneta, Buena Fe y Babahoyo. A estos territorios se sumaron otros focos críticos como Durán, Balao y Las Naves. Los datos oficiales muestran que estos cantones se ubican en zonas estratégicas para rutas del narcotráfico y actividades ilegales asociadas.
Desde la lectura del Gobierno, la violencia se concentra en territorios donde operan economías criminales vinculadas al tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión.
El Ejecutivo sostiene que la recuperación del control territorial constituye una prioridad del nuevo plan de seguridad. Por ello, el despliegue de fuerza y la inversión en capacidades operativas forman parte del eje central de la estrategia.
Perfil de las víctimas y patrón del crimen
La información oficial indica que la mayoría de las víctimas fueron hombres mestizos y solteros. El arma de fuego se utiliza en 8 108 homicidioslo que representa cerca del 88% de los casos registrados en 2025. Este patrón se repitió en casi todas las provincias con altos índices de violencia.
Casi una de cada tres muertes violentas correspondió a hombres de entre 18 y 29 años. En total, 3 800 víctimas pertenecieron a ese grupo etario y otras 3 239 tenían entre 30 y 44 años. Además, se registraron 46 niños asesinados y 537 adolescentes entre 12 y 17 años.
El Ministerio del Interior señala que la mayoría de los homicidios ocurrieron en zonas urbanas, sobre todo en la vía pública y en viviendas. La Policía clasificó la mayor parte de los casos como delincuencia común, aunque más de 6.121 homicidios estuvieron precedidos por amenazas. Solo una fracción menor se relacionó directamente con tráfico interno de drogas.
El contenido del nuevo plan de seguridad.
El presidente Daniel Noboa explicó que el nuevo plan apunta a desarticular estructuras criminales que operan en barrios, carreteras, fronteras y cárceles. Según el mandatario, la política de seguridad se articula a Policía, Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Desde su enfoque, la inseguridad se vincula con redes criminales y con corrupción política que fortaleció a los grupos delictivos.
el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que el plan cuenta con una inversion de 180 millones de dolares para ejecutar una vez proyectos estratégicos.
Entre estos consisten helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito, un sistema radar 3D, escáneres y drones para control de frontera. El ministro indicó que esto La infraestructura permitirá reforzar la movilidad operativa en aire, mar y tierra.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el plan incorpora sistemas IBIS y AFIS para identificación balística y biométrica.
También explicó que el país contará con información anticipada de pasajeros para fortalecer los controles migratorios y fronterizos. A esto se suma una inversión inicial de 50 millones de dólares para mejorar la tecnología del ECU 911así como el fortalecimiento de la Unase y la proyección de nuevas cárceles.
Lectura técnica del registro de homicidios
el capitán de navío de Estado Mayor Conjunto y experto en seguridad, Byron Sanmiguel, sostiene que la cifra de 9.216 homicidios confirma que una estrategia centrada en el despliegue militar y policial no reduce la violencia letal en el corto plazo.
Desde su análisis, este comportamiento se observa en países que enfrentar la criminalidad organizada, donde el aumento de la presión estatal genera fragmentación de bandas y disputas territoriales.
El experto explica que los picos de violencia aparecen cuando los grupos criminales compiten por rutas, puertos y mercados ilícitos.
Sanmiguel señala que los datos de víctimas muestran un patrón claro de violencia organizada. La alta proporción de asesinatos con armas de fuego y la concentración en hombres jóvenes que reflejan sicariato y disputas entre estructuras criminales. Desde su perspectiva, estos homicidios no corresponden a robos fortuitos, sino a asesinatos planificados funcionales a economías ilegales.
Sanmiguel advierte que la militarización permite recuperar el control territorial en ciertas zonas y mejorar los decomisos, pero no reducir automáticamente los homicidios. Desde su enfoque, la presión estatal sin reformas estructurales puede generar reacciones criminales que sostienen o incrementan la violencia. Este fenómeno se repite cuando no existe intervención integral del Estado en los territorios.
Inteligencia y dinero: el eje más sensato
Sanmiguel plantea que la inteligencia criminal y financiera focalizada tiene un impacto más directo en la reducción de homicidios que el incremento de patrullajes o la compra de equipamiento. Desde su análisis, golpear mandos medios, redes de sicarios y flujos de dinero ilegal afecta directamente la capacidad operativa de las bandas. Este tipo de acciones tiene un efecto más inmediato sobre los asesinatos que el despliegue masivo de uniformados.
El experto considera que la tecnología resulta útil para el control territorial e interdicción, pero su impacto sobre la violencia letal depende de su articulación con investigaciones sólidas. Radares, drones y sistemas de vigilancia solo incidente en los homicidios cuando se integran a fiscales especializadas y condenas efectivas. Sin ese componente judicial, la tecnología se limita a funciones de control.
Desde esta perspectiva, la intervención de entidades como la UAFE, el SRI y el Centro Nacional de Inteligencia resultan clave. Sanmiguel explica que seguir la ruta del dinero permite desarticular estructuras más amplias que solo capturar ejecutores. El enfoque financiero apunta a debilitar las bases económicas del crimen organizado.
Sistema penitenciario y justicia penal
Sanmiguel sostiene que el sistema penitenciario mantiene influencia directa en la violencia externa. Desde su análisis, las cárceles continúan como centros de Mando criminal debido a problemas de diseño, control e intervención estatal.. Este factor permite que la violencia se reproduzca fuera de los muros carcelarios.
El experto identifica tres problemas estructurales: un sistema penitenciario que incidente en la violencia externauna justicia penal lenta con altos niveles de impunidad y la ausencia de prevención social en territorios dominados por economías criminales. Desde su lectura, estos factores limitan cualquier impacto de corto plazo del despliegue militar.
Según Sanmiguel, sin reformas en estos tres ejes, la violencia tiende a reaparecer incluso después de operativos intensivos. El experto advierte que el riesgo consiste en normalizar tasas históricamente altas de homicidios. En ese escenario, los grupos criminales pueden consolidar el control territorial y ampliar su poder.
Cuestionamientos al diseño del plan de Gobierno
Jean Paúl Pinto, experto en seguridadcuestiona que la estrategia presentada se concentre en equipamiento y comunicación sin un documento técnico verificable. Desde su análisis, un plan de seguridad requiere objetivos claros, metas medibles e indicadores públicos. Para el experto, Sin estos elementos no existe una política integral.
Pinto sostiene que la militarización y la captura de líderes criminales tienden a fragmentar las bandas. Esta fragmentación genera más grupos armados y mayor competencia violenta por territorios. Desde su enfoque, este fenómeno explica por qué las detenciones de alto perfil no reducen necesariamente los homicidios.
El experto también señala que las incautaciones elevadas no garantizan reducción de violencia. Desde su análisis, donde aumentan las incautaciones también se incrementa la disputa por mercados ilícitos. Este patrón se repite en contextos de criminalidad organizada.
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— El Comercio (@elcomerciocom) 26 de enero de 2026
Impunidad y ausencia de prevención
Pinto identifica a la impunidad como un factor central de la inseguridad. Desde su lectura, mientras el sistema judicial no reduce los niveles de impunidad, la violencia no mostrara un descenso sostenido. El experto explica que la seguridad y la impunidad se retroalimentan de forma directa.
El especialista sostiene que el Estado no desarrolló políticas de prevención, rehabilitación y reinserción. Desde su enfoque, la ausencia de La intervención en educación, inclusión social y empleo limita cualquier estrategia represiva. Para el experto, la seguridad no puede depender solo de Policía y Fuerzas Armadas.
Además, Pinto señala que no existe una política clara de control de armas. Desde su análisis, las fronteras porosas y la circulación de armas largas explican el alto porcentaje de homicidios con armas de fuego. Este factor incrementa la letalidad de los conflictos criminales.
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