Las audiencias clave en los procesos penales contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, tendrán que esperar: una jueza reprogramó las diligencias previstas tras detectar fallas en la notificación de decenas de involucradosen medio de investigaciones por presunto peculado y manejo irregular de fondos públicos.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana Garcíareprogramó las audiencias de solicitud de acumulación de tres procesos penales seguidos al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), investigado por delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloroso agravadoentre otros.
La decisión se dio luego de que la defensa, al momento de solicitar la acumulación de los expedientes, no considerara la cantidad de personas que debían ser notificadas. Según el Ministerio Público, en una de las carpetas hay 25 imputados y 6 señaladosmientras que en otra figura un imputado y 10 señaladoslo que obliga a garantizar el derecho de todas las partes a pronunciarse sobre la acumulación.
En ese sentido, la jueza procesará que es necesario notificar a todos los involucradosya que pueden manifestar su conformidad o inconformidad con el proceso, por lo que las audiencias fueron reprogramadas.
Las nuevas fechas quedaron fijadas en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora:
- 2 de junio de 2026, a las 8:30 am (Sala 5)
- 18 de junio de 2026, a las 8:30 am
- 18 de junio de 2026, a las 14:00 horas (Sala 5)
Durante la audiencia realizada el 26 de marzo de 2026, participó el fiscal Argol Hyman por el Ministerio Público, mientras que Meneses estuvo representado por su defensa técnica particular, Nadia Castillo. También estuvo presente como querellante el abogado. Héctor Atenciode la Oficina de Asuntos Legales del Ifarhu.
Contexto de los casos
Las investigaciones contra Bernardo Meneses se originaron a partir de una auditoría preliminar de la Contraloría General de la Repúblicaque detectó presuntas irregularidades en la administración de Ifarhu durante el quinquenio pasado.
Estos procesos forman parte de una serie de investigaciones que buscan determinar el manejo de fondos públicos destinados a becas y auxiliares económicosen medio de cuestionamientos sobre la asignación y uso de estos recursos. Las autoridades indican posibles desvíos, uso indebido de fondos y otras anomalías administrativaslo que ha derivado en múltiples expedientes penales.
La eventual acumulación de estos casos permitiría que sean analizados en conjunto, aunque primero deberá resolverse el cumplimiento del debido proceso con la notificación de todas las partes involucradas.
