La designación este martes de dos antiguos abogados del general Augusto Pinochet como futuros ministros de Justicia y Defensa en el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast despertó críticas y fue calificada de “retroceso” y “provocación” por parte de expertos y organizaciones de derechos humanos en Chile.
Se trata de Fernando Rabat, quien asumirá el 11 de marzo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y de Fernando Barros, que se pondrá al frente de Defensa y de la coordinación de las Fuerzas Armadas.
Rabat, de 53 años, es especialista en derecho civil y forma parte del estudio jurídico de Pablo Rodríguez, el fallecido líder de Patria y Libertad, una organización paramilitar de extrema derecha que se opuso mediante violencia política al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973).
Académico en la Universidad del Desarrollo, el futuro ministro integró los equipos que defendieron al dictador en causas como la “Operación Colombo” (el montaje sobre la desaparición de 119 chilenos) o el “Caso Riggs”, la investigación sobre la fortuna oculta del general en un banco de Estados Unidos.
“Es controvertido que Rabat sea ministro de Justicia considerando su vínculo con Pablo Rodríguez”, dijo a EFE Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, para quien el nombramiento es “una señal negativa, incluso provocativa” de Kast, que sucederá al socialdemócrata Gabriel Boric.
El académico Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, declaró por su parte a EFE que la designación del abogado “puede llegar a ser un foco de conflicto, principalmente con la izquierda”.
Rabat deberá enfrentarse la crisis en la que está sumido el Poder Judicial chileno y que, en el último tiempo, ha provocado la destitución de tres ministros de la Corte Suprema y otros dos jueces de la Corte de Apelaciones por casos de corrupción.
Por su parte, Barros, de 68 años e independiente pero con estrechos vínculos con Kast, fue abogado y portavoz del dictador tras su detención en Londres, en 1998.
También defendió durante más de 30 años al ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), además de integrar la administración que gestiona la millonaria fortuna de su familia.
Actualmente preside el directorio de la empresa química Oxiquim SA e integra los directorios de otras tres grandes compañías y de la Universidad Finis Terrae, cargos a los que tendrá que renunciar cuando asuma como ministro.
Desde que empezó a sonar el nombre de Rabat como ministro de Justicia, las organizaciones de derechos humanos han expresado su malestar y su temor a que se impulsen muchos cambios en una de las carteras más sensibles del gabinete y que actualmente está en manos del Partido Comunista.
Un total de 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos firmaron hace una semana una declaración contra la designación de Rabat por constituir “una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura ya sus familiares”.
“Es un retroceso enorme para los avances que hemos tenido en el tema de derechos humanos”, dijo a EFE la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Kast se convirtió el 11 de marzo en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile. En su época de estudiante hizo campaña a favor de la continuidad del dictador en la propaganda televisiva para el plebiscito de 1988, y ha defendido su legado en varias ocasiones.
Además, su hermano Miguel Kast fue ministro del régimen en distintas carteras, presidente del Banco Central y miembro de los Chicago Boys, el grupo de economistas responsables de las reformas neoliberales durante la dictadura.
“Los nombramientos de Barros y Rabat reflejan su política negacionista de los derechos humanos”, añadió Lira.
Para Flor Lazo, de la Agrupación de Familiares Detenidos y Desaparecidos del Paine, una de las comunas con más víctimas de la dictadura, el temor es que el nuevo ministro ponga fin al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos implementado por la administración de Boric, a través del cual el Estado se ha hecho cargo de esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino del millar de víctimas que aún quedan por localizar.
“Si el plan de búsqueda se termina, nos revelaremos. Nuestra esperanza es encontrar a todas las víctimas”, añadió a EFE.
A diferencia de las campañas presidenciales anteriores (2017 y 2021), esta vez Kast evitó a toda costa referirse a la dictadura y tampoco ha aclarado si se facilitará o no los indultos de los detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 17 años de pinochetismo.
