El proceso judicial que enfrenta el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en territorio estadounidense entró en una nueva fase de tensiones legales. En el centro de la controversia se encuentra una solicitud presentada por los abogados del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, quienes pretenden que el Estado venezolano asuma los costos de sus servicios jurídicos en el caso de narcoterrorismo que se adelanta en su contra.
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La respuesta de los fiscales federales no se hizo esperar. En un documento radicado ante el tribunal el pasado viernes por la noche, los representantes del Gobierno de Estados Unidos calificaron esta pretensión como una medida fuera de lo común. El argumento central de la fiscalía es que no existen precedentes donde se haya permitido que un gobierno extranjero, que además se encuentra bajo sanciones, financia la defensa legal de individuos que también están sancionados.
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La defensa de Maduro ha denunciado que se están vulnerando los derechos constitucionales y el debido proceso de sus clientes. Según los abogados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) obstaculizó su labor al no otorgar las licencias necesarias para recibir los pagos provenientes de Venezuela. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la normativa es clara al prohibir el uso de fondos de una entidad sancionada para cubrir los honorarios de terceros en la misma condición.
“Al menos desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del Gobierno venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela”, escribieron los fiscales, según el reporte de la cadena CNN.
Maduro junto a Cilia Flores. Foto:EFE/Ronald Peña
Este punto toca una de las fibras más sensibles del caso: el reconocimiento de la legitimidad de Maduro y su esposa. Los fiscales subrayaron que, bajo la óptica de Washington, los acusados no gozan de las protecciones o beneficios que tendrían los funcionarios públicos activos. En este escenario se suma una confusión administrativa reciente, pues la defensa alega que una licencia para recibir los pagos fue otorgada y luego revocada en cuestión de horas. La versión oficial de la fiscalía es que dicha aprobación inicial fue, en realidad, un “error administrativo”.
En medio de este pulso legal, los fiscales han aclarado otros aspectos sobre los recursos financieros de los implicados:
• No se opondrán a que los acusados accedan a fondos personales que tengan en Venezuela.
• La OFAC ya otorgó una licencia específica para que los Maduro utilicen sus propios activos.
• Existe una prohibición expresa de usar fondos discrecionales controlados por el gobierno sancionado.
• Los fiscales no han fijado una posición sobre la posible renuncia de los abogados defensores si la moción es rechazada.
Nicolás Maduro Foto:EFE.
La decisión final sobre si se desestiman los cargos o si se permite el flujo de dinero estatal para la defensa recae ahora en el juez del caso. Mientras tanto, el proceso en el juzgado federal de Manhattan sigue captando la internacional, no solo por la gravedad de las acusaciones de narcoterrorismo, sino por las implicaciones diplomáticas de un juicio que cuestiona la estructura misma del poder en Venezuela.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
