Lapatilla
La economía del estado Mérida atraviesa uno de sus momentos más complejos al finalizar el primer trimestre de 2026.
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Una combinación de factores estructurales, encabezada por la dolarización y una amplia brecha cambiaria entre la tasa BCV y el dólar paralelo, ha puesto en jaque la sostenibilidad de los alquileres comerciales e inmuebles residenciales en la entidad andina.
?La ciudad, habitualmente vibrante por su actividad universitaria y turística, hoy muestra las cicatrices de una distorsión financiera que devora el poder adquisitivo del ciudadano común.
Esta situación asfixia al pequeño empresario, quien a duras penas sostiene su negocio lidiando con altos impuestos, servicios y cánones de arrendamiento que, en su mayoría, deben ser cancelados en divisas estadounidenses.
?La raíz del problema reside en la escasez de divisas en efectivo y su posterior venta con sobreprecio en el mercado informal, a tasas que sobrepasan la cotización oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Mientras el sector comercial está obligado por ley a facturar a la tasa oficial, la reposición de inventarios y el pago de alquileres se rigen por una dinámica paralela mucho más agresiva.
Para muchos dueños de empresas, esta realidad es insostenible y aseguran que, a su juicio, «se trabaja a pérdida».
?Esta disparidad afecta en gran proporción a los pequeños y medianos comerciantes que dependen de la venta diaria. La necesidad de reinvertir inmediatamente en insumos con una tasa más alta a la que se vendió el producto el día anterior, genera una pérdida en los márgenes de ganancia.
Como consecuencia, una cantidad innumerable de negocios ha optado por bajar sus santamarías de forma definitiva, a la espera de una estabilización económica.
?El estancamiento es evidente en los centros comerciales: de un promedio de 120 locales, más del 60% se encuentran cerrados indefinidamente.
A esto se suma la presión tributaria y el incremento en las tarifas de servicios públicos, como el aseo urbano y la electricidad, configurando una «tormenta perfecta» que empuja a propietarios e inquilinos a abandonar sus actividades.
?A nivel residencial, la situación es igualmente alarmante. En Mérida, el salario promedio —fuertemente dependiente de bonificaciones que rondan entre 160 dólares y 200 dólares— choca frontalmente con un mercado inmobiliario donde un apartamento modesto difícilmente bajo de los 180 dólares mensuales.
Esta paridad negativa implica que, para una familia promedio, pagar el alquiler significa destinar la totalidad de sus ingresos, sacrificando necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
?»Estamos en una economía donde el dólar de la calle es mucho más caro que el del banco, pero el sueldo sigue estancado», coincidieron varios ciudadanos consultados, quienes deben buscar empleos adicionales para costear, a duras penas, sus gastos.
