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Luego de la captura de Nicolás Maduro, aún las garantías de derechos civiles continúan coartadas. Los presos políticos no han sido liberados.
Policía Bolivariana resguarda sede del Ministerio Público por protesta de familiares de presos Foto: AFP
En medio de la compleja coyuntura en Venezuela, un bloque de 16 organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentó un decálogo de exigencias de cara a lo que sería una transición democrática en el país.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez adquirió el poder, por lo que, si bien hay ciertos cambios económicos, el espacio cívico sigue coartado.
El texto busca establecer una hoja de ruta con medidas urgentes de corto plazo para encauzar al país. Debido al clima de persecución, dos de las organizaciones firmantes suscribieron el documento bajo reserva para proteger la integridad de sus miembros en territorio venezolano.
Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York, 5 de enero de 2026 Foto:AFP
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Las organizaciones aclararon que este decálogo no pretende ser una agenda exhaustiva de derechos humanos, sino un “punto de partida” adaptado a la crisis actual.
El objetivo es generar confianza y recuperar la seguridad jurídica mediante un proceso que requiere voluntad política y el respaldo de marcos multilaterales legítimos.
“La participación de la sociedad civil y la implementación de mecanismos de justicia transicional son esenciales para una transición inclusiva centrada en las víctimas”, reza el comunicado.
Familiares de presos politicos en Venezuela Foto:EFE
Las 10 acciones urgentes para el cambio
El documento detalla diez puntos críticos que el Estado venezolano y los actores políticos deben abordar de manera inmediata:
- Liberación plena e inmediata: Cese de detenciones arbitrarias y libertad incondicional para todos los presos políticos, nacionales y extranjeros.
- Derogación o declaración de nulidad por inconstitucionalidad: Derogación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior y de normas como la “Ley Contra el Odio” y la reciente “Ley de Fiscalización de ONG”, utilizada para criminalizar el disenso.
- Desmantelamiento de grupos armados: Ordenar el desarme y repliegue de cuerpos de seguridad o grupos paraestatales que ejercen intimidación contra la población civil.
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- Reconocimiento de las ONG: Publicación de una comunicación oficial que garantiza el funcionamiento sin restricciones de las organizaciones civiles y humanitarias.
- Apertura a mecanismos internacionales: Acceso pleno y seguro al territorio para la ONU (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Cooperación humanitaria: Garantizar un entorno operativo seguro para que la ayuda llegue a las zonas más vulnerables sin condiciones políticas.
Familiares de presos politicos en Venezuela Foto:AFP
- Transparencia en el uso de recursos: Asegurar que los fondos públicos se destinan a la emergencia social y la infraestructura básica bajo rendición de cuentas.
- Protección a la prensa y al disenso: Acciones concretas para proteger la libertad de expresión y el derecho a la participación ciudadana pacífica.
- Reinstitucionalización del Estado: Construir una ruta clara para renovar los poderes públicos (Electoral, Judicial y Ciudadano), incluyendo la elección presidencial conforme a la Constitución.
- Justicia Transicional: Creación de mecanismos independientes para preservar evidencias de violaciones de derechos humanos y garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas.
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Los firmantes enfatizan que estas demandas representan el mínimo necesario para avanzar hacia la reconciliación nacional.
El llamado final subraya que cualquier proceso de cambio debe estar fundamentado en la dignidad humana y en el cese definitivo de las violaciones a los derechos fundamentales.
ANA RODRIGUEZ BRAZO
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
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